Impuestos, fondos europeos, tipos y el petróleo, bazas del Gobierno

El Gobierno que quiere presentar el proyecto de Presupuestos del Estado «en tiempo y forma» es el mismo que quita hierro cada vez que se le presenta el fantasma de un veto parlamentario que haga naufragar las cuentas públicas de 2025. La relevancia de la ley anual que marca la trayectoria del Ejecutivo queda relegada a un segundo plano gracias a los vientos de cola que impulsan la actividad económica: más ingresos tributarios de lo esperados, impulso de los fondos de recuperación europeos,un precio del petróleo estabilizado —cada dólar que sube el barril de Brent hace temblar a al economía española— y unos tipos de interés que apuntan a la baja, para alegría del Tesoro, cuya financiación se abaratará. Cuatro factores que tranquilizan a los departamentos económicos de Pedro Sánchez a la hora de afrontar la que puede ser su segunda prórroga presupuestaria con las cuentas públicas de 2023.

La ausencia de una actualización presupuestaria no paralizará la economía a corto plazo pero sí plantea dudas para el medio o largo. Cándido Pérez, socio responsable de Infraestructuras, Transporte, Gobierno y Sanidad de KPMG en España, explica que «la cuestión no es si la economía puede aguantar o no sin Presupuestos, sino que la no disponibilidad de ellos supone que no se tiene un plan económico del Estado aprobado por el Parlamento, que tampoco se actualizan la previsión de ingresos y gastos, al mismo tiempo que no pueden incorporar al articulado las políticas comprometidas». Es decir, que el Gobierno seguirá gestionando el día a día pero no podrá aplicar grandes reformas.

Sin crisis en el horizonte

El respaldo con el que sabe que cuenta Moncloa es la propia dinámica en la que se encuentra la economía. «Si viviéramos un año de crisis no podríamos permitirnos el lujo de no tener un nuevo presupuesto», admiten varias fuentes gubernamentales. Cándido Pérez, de KPMG, sostiene que la actual coyuntura «permite anticipar un correcto comportamiento de los fundamentales durante los próximos meses». Y eso se traducirá en más ingresos tributarios. De hecho, la Autoridad Fiscal (AIReF) ha anticipado que el Estado recaudará 294.000 millones de euros a finales de 2024, un 8,4% más de lo previsto inicialmente. Y eso sin aplicar una sola gran medida en materia de impuestos.

A pesar de la vorágine impositiva que vive España desde hace dos años, el dinamismo que ha mostrado la recaudación tributaria va diluyéndose poco a poco. El ritmo de crecimiento de los ingresos es algo superior al 8%, frente al 6% de hace un año o el 14% del ejercicio previo. Aunque a medida que la inflación vaya moderándose, el dinero que llega a la caja del fisco, también lo hará.

La otra gran baza con la que cuenta el Gobierno son los fondos europeos. El director del Instituto de Estudios Económico (IEE), Gregorio Izquierdo, explica que «la implementación de los fondos es más complicada en ausencia de unos presupuestos, aunque se trata de partidas que ya estaban en las cuentas de 2023 y se trata al final de encajarlas». En lo que va de año (con datos hasta el mes de agosto), la convocatoria de fondos europeos alcanza los 72.198millones, una inyección económica que seguirá animando a la actividad a pesar de las trabas para ponerlos en marcha;y aun teniendo en cuenta que el ritmo de llegada de dinero que llega de Bruselas va siendo cada vez menor. «Lo suficiente», en cualquier caso, para que sirva de revulsivo para todo el país, indican en el Ejecutivo.

Además, hay partidas presupuestarias que van a seguir actualizándose, para tranquilidad de pensionistas o funcionarios. «Son partidas que tienen su propia dinámica», indica Gregorio Izquierdo para referirse a la revalorización de las prestaciones o los sueldos públicos. Además, lo que se denomina como «consumos intermedios»(licitaciones para contratos de luz y agua de la Administración, por ejemplo), van vinculados a la ley de desidexación sin necesidad de que haya un nuevo presupuesto;y solo el Iprem (Indicador de Rentas), que sirve para actualizar las ayudas, se quedaría congelado.

A decretos

El Ejecutivo sabe que puede seguir tirando a base de reales decreto ley con modificaciones de crédito: es decir, cambios en el gasto público «sin que esté sujeto a control parlamentario, lo que genera incertidumbre e inseguridad a los agentes económicos», explica Izquierdo.

La que quedará coja será la pata de los ajustes fiscales a los que Bruselas obliga a realizar a partir del 1 de enero, aunque con demasiados matices. Las rigurosas exigencias de los hombres de negro de la UE han dado paso a un sistema mucho más flexible, incluso en su rendición de cuentas: España debía presentar su estrategia el pasado viernes día 20, pero no lo hará hasta el próximo 15 de octubre. Un retraso que se ha extendido a casi todos los socios comunitarios. Cándido Pérez recuerda que «uno de los principales retos es poner en marcha nuevas reglas fiscales a las que está obligado el Estado para preparar la senda de ajuste en déficit y deuda?».

Lo que tendría que dejar de lado serían todo tipo de reformas estructurales, las que aportan más certidumbre a los agentes económicos para invertir;así cómo posibles subidas de impuestos, como las que ya ha anunciado: tributo al patrimonio y las grandes fortunas; incremento de las rentas del capital; mayor armonización de Sucesiones; o los tributos a la gran empresa.