Muchas familias dan de baja a sus empleadas del hogar por lo que cuesta contratarlas

Precisamente cuando mejor pagadas y más protegidas están, son cada vez menos. El colectivo de empleadas del hogar vive sus horas más bajas y lleva años en caída libre. Las familias españolas están prescindiendo de este servicio que para la inmensa mayoría se está convirtiendo en un lujo que no pueden permitirse, pese a que probablemente sea cuando más falta haga en una sociedad cada vez más envejecida y en la que las mujeres se han incorporado al mercado laboral y realizan ya jornadas completas. España, también en esto, se está europeizando.

Sólo en el pasado mes de agosto se dieron de baja 3.360 empleadas del hogar, otras 4.463 en julio, casi 2.350 en junio... El goteo es constante. Se han perdido más de 13.800 en el último año, 38.000 en el último lustro y son 66.000 menos que una década atrás. Así, más del 15% del empleo doméstico se ha destruido en unos años además en los que se ha vivido un ‘boom’ en el mercado laboral. En la actualidad hay un total de 360.077 afiliadas como trabajadoras del hogar, que además serán bastantes menos puesto que esto son relaciones laborales y en este colectivo lo más habitual es tener varios empleos a tiempo parcial. En el momento de su máximo esplendor, en el año 2015, superaban con creces las 430.000.

El coste de tener una empleada del hogar se ha disparado en los últimos años a consecuencia del fuerte incremento del salario mínimo y de la escalada de las cotizaciones, que además ha sido más pronunciada en este colectivo, que ya cotiza prácticamente por sus ingresos reales y que desde octubre de 2022 tiene derecho a paro y a cobrar una indemnización en caso de insolvencia. Pero estas mejoras en sus condiciones económicas y laborales han impactado de lleno en los bolsillos de los hogares.

Casi 300 euros en cotizaciones

Contratar a una empleada del hogar a jornada completa (ocho horas al día) le cuesta a una familia más de 1.600 euros al mes, casi 19.500 euros al año (cuantía que se reduce proporcionalmente a las horas que se trabaje en los contratos a tiempo parcial). La mayor parte de esta cuantía es el salario de la trabajadora (en femenino porque ellas son más del 95% del colectivo), que cobra como mínimo el salario mínimo: 1.134 euros al mes, 1.323 si se paga en 12 nóminas. Son 464 euros más al mes que en 2018, año en el que —con la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa— comenzó la escalada del SMI, que se ha revalorizado un 54% desde entonces.

Pero las cotizaciones a la Seguridad Social suponen otro pico y también se han incrementado con fuerza en estos últimos años, adecuándose a la del resto de asalariados. Son ya un gasto para las familias de casi 300 euros al mes (descontadas las bonificaciones), que tienen que pagar también ahora cuotas por la prestación por desempleo y el Fogasa, además del nuevo impuesto para financiar las pensiones del ‘baby boom’ (MEI). La cotización que corre a cargo de la empleada del hogar también se ha incrementado hasta el punto de duplicarse: de los 40 euros que pagaban en 2018 a los 84 euros actuales.

El Gobierno bonifica las cotizaciones por contingencias comunes un 20% con carácter general (un 45% si son familias numerosas) y las referentes al desempleo y Fogasa tienen un descuento del 80%. Pero para los sindicatos y la patronal del sector no es suficiente. Los interlocutores sociales exigen al Gobierno mayores bonificaciones y que se pongan en marcha deducciones fiscales para aliviar a las familias e incentivar el empleo.

«Igual que hay una bonificación en la cotización, debería plantearse alguna reducción fiscal en el IRPF vinculada a la retribución que se paga para hacer aflorar el empleo sumergido», defiende Carlos Bravo, secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social de CC OO, que insta también a reforzar la labor inspectora y a lanzar más campañas de concienciación para que las familias regularicen a las decenas de miles de trabajadoras domésticas —sobre un centenar, estima Bravo— que están en negro. De hecho, con datos del INE, hay más de 414.000.

De igual manera, la patronal del sector de los servicios personales y domésticos (AESPD) exige ayudas a los hogares para que «todo este avance en plenos derechos de las empleadas del hogar, en un sector donde la economía sumergida es tan patente, no caiga en saco roto». Concretamente, piden una ley al estilo de la de Francia, que permite la desgravación fiscal del 50% de gastos en servicios a la persona en el IRPF y a las empresas también les ofrecen deducciones en el Impuesto sobre Sociedades.

Chequeos médicos y formación

Las empleadas del hogar han ganado este mes nuevos derechos. Si desde 2022 ya tienen acceso a la prestación por desempleo y para ser despedidas el empleador tiene que justificar el motivo (aunque con una indemnización inferior de un máximo de seis mensualidades), desde este mismo mes el Gobierno ha aprobado mejoras: podrán realizarse un chequeo médico gratuito al menos una vez cada tres años y acceder a cursos de formación en prevención de riesgos laborales en horario laboral.

Además, las familias tienen la obligación de proporcionarles los equipos de trabajo adecuados y someter su hogar a una evaluación de riesgos laborales.