La construcción se encarece

Las nuevas exigencias laborales y medioambientales han disparado en torno al 50% los gastos generales para las constructoras durante los últimos 20 años, según el primer informe que cuantifica este impacto presentado por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), que propone elevar al 17% el porcentaje mínimo de gastos generales que sobre el presupuesto de ejecución pueden repercutir las empresas a las administraciones para evitar un frenazo de la contratación pública.

La patronal asegura que obligaciones en materia laboral —como la implantación de sistemas de protección de datos personales, de registro de jornada o del canal de denuncias—, el incremento de ciertas cargas fiscales, las mayores exigencias medioambientales o los efectos de «segunda ronda» que acarrean los sucesivos incrementos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) —aunque en el sector el sueldo de convenio esté por encima del SMI actual— hacen que el actual porcentaje del 13% que, salvo alguna excepción, pueden repercutir las constructoras a los órganos de contratación resulte a todas luces insuficiente.

CNC recuerda que la subida de los gastos generales se suma al incremento de los costes asociado a las tensiones inflacionistas de los últimos años que han llevado los precios de los materiales y de la energía hasta máximos históricos, sin haberse aprobado un mecanismo para revisar los contratos públicos, alertando de las posibles consecuencias si no hay una contraprestación paralela por parte de la Administración.

Por ello, la patronal ya ha informado al Gobierno de que seguirá habiendo un número significativo de licitaciones de obras que quedarán desiertas porque muchas constructoras no podrían acudir a la licitación, lo que reduciría la competencia empresarial.

Así, para evitar un posible parón de la contratación pública, CNC también propone modificar el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y recuperar la horquilla del porcentaje entre el 16 y el 20% de gastos generales que pueden repercutir las constructoras sobre el presupuesto de ejecución material, lo que ya estuvo recogido en la normativa reglamentaria hasta 1987.

La patronal viene tiempo alertando de la mala salud de la contratación pública como consecuencia, entre otras causas, de la escasez de trabajadores, la falta de un mecanismo para revisar los precios de los contratos, del abuso de los medios propios por parte de la Administración o de los problemas que genera el actual sistema de clasificación. Una situación que afecta a la ejecución de las ayudas comunitarias asignadas en el Plan de Recuperación, pero también a la construcción de viviendas, que urge acelerar frente al actual desajuste que sufre con respecto a la creación de hogares, lo que en opinión de CNC podría desatar una crisis inédita en España. Por ello, propone un aumento de la oferta de todos los tipos de vivienda hasta por lo menos las 150.000 anuales.

En este marco, la construcción considera que los ambiciosos objetivos que se ha marcado el Gobierno en materia de vivienda no podrán lograrse si no se refuerza una colaboración público-privada alejada de las tensiones políticas, para lo que pide compensar la subida de gastos generales.

Según el presidente de CNC, Pedro Fernández Alén, «las constructoras llevan años soportando incrementos de gastos, tanto directos e indirectos como generales, sin recibir ninguna compensación. El Gobierno puede fácilmente, sin necesidad de modificación normativa, elevar al 17% los gastos que pueden repercutir las empresas a todos los órganos de contratación, lo que no terminaría de solucionar los problemas, pero al menos aliviaría la situación».

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) es la organización empresarial que agrupa a la práctica totalidad de un sector que representa casi el 10% del PIB y da empleo a cerca de 1,3 millones de personas.