El Banco de España ve justificado intervenir el alquiler de vivienda

En medio de las tensiones políticas entre el Gobierno y las comunidades autónomas gobernadas por el PP -especialmente Madrid- que no quieren aplicar las medidas de la Ley de Vivienda ni otras para controlar el precio de los alquileres en las zonas de mayor tensión, al Ejecutivo le ha salido un aliado de peso. El Banco de España considera justificada la intervención pública en el mercado del alquiler de vivienda, aunque no exactamente con los mismos mimbres que el Gobierno central.

Un informe sobre el mercado de vivienda en alquiler residencial del Banco de España expone primero lo ya sabido: el crecimiento insuficiente de la oferta para absorber la demanda ha provocado un incremento de los precios del alquiler por encima de la renta de los hogares, con lo que necesitan un mayor esfuerzo para pagar el alquiler, especialmente en las principales áreas urbanas y turísticas y en los hogares con menores ingresos. De hecho, España destaca entre los países de la UE porque casi el 40% de los hogares en alquiler están en situación de sobreesfuerzo para pagarlo frente al 17,5% en Francia y Alemania, el 28% en Italia y el 27% en promedio en la UE. Aún más, en el período 2015-2023, alrededor de un 45% de la población en España que residía en viviendas de alquiler a precio de mercado se encontraba en riesgo de pobreza o de exclusión social. Esta proporción es la más elevada en el conjunto de las economías europeas y está unos 13 puntos porcentuales por encima del promedio de la UE.

El informe del Banco de España concluye que se «justifica la intervención pública» porque un elevado esfuerzo asociado al alquiler de vivienda «puede dar lugar a efectos económicos y sociales adversos». En particular, dificulta la emancipación de los jóvenes y su capacidad de acumulación de capital humano, disminuye la movilidad geográfica de los trabajadores, y da lugar a situaciones tanto de sobresfuerzo y consumo restringido como de pobreza y exclusión social entre los hogares con menores ingresos. Respecto a las políticas públicas que deberían llevarse a cabo, el informe reconoce que la situación hace difícil vislumbrar que actuaciones aisladas de corto plazo puedan tener el alcance suficiente como para reducir de forma significativa las actuales dificultades de acceso a la vivienda. Los problemas de accesibilidad y el actual tensionamiento en el mercado del alquiler residencial podrían mantenerse ante el crecimiento de los hogares previsto y los datos sobre construcción y rehabilitación de vivienda (que no son muy elevados).

Por todo ello, el supervisor bancario defiende que las medidas adoptadas tengan un horizonte temporal amplio, involucren a las distintas administraciones públicas y pongan un foco especial en estimular la oferta de vivienda.

Dice que hay que continuar avanzando en el incremento del parque de vivienda pública en alquiler a precios asequibles y en el diseño de un marco regulatorio que estimule la oferta de alquiler residencial por parte de los particulares y de agentes profesionalizados.