Repsol, a la espera del gravamen a las energéticas para aclarar sus inversiones en España
Repsol está a la espera de saber qué sucede con el impuesto a las energéticas.
La intención del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sobre la posibilidad de prorrogar el gravamen energético —y el bancario— para convertirlos en permantes ha reactivado la polvareda que este impuesto ha generado en compañías como Repsol, cuya dirección mantiene «congeladas» las inversiones industriales en España a la espera de que el Ejecutivo clarifique el diseño de ese impuesto. Así lo señalan fuentes de la energética, una postura que no es nueva, pero sí se pone encima de la mesa cada vez que el Gobierno expone sus intenciones.
Esta vez ha sido de la mano de Cuerpo, quien ya anticipó la idea de convertir en permanentes ambos gravámenes dentro de sus cálculos para incrementar los ingresos tributarios, incluido dentro del plan fiscal remitido a Bruselas. Aunque Cuerpo ha aclarado que habrá que hacer «ajustes» en el impuesto por el nuevo contexto económico, para Repsol no sería suficiente un maquillaje para minimizarlo aplicando deducciones por inversiones verdes, como así está previsto. La firma, cuyo consejero delegado es Josu Jon Imaz, se muestra contraria al hecho en sí de aplicar el tributo por considerarlo «discriminatorio».
Va en serio
Y para muestra de su posición, Repsol ha elegido su complejo industrial de Sines, en Portugal, para invertir 15 millones de euros en un nuevo proyecto de hidrógeno renovable. Se trata de un proyecto de un electrolizador de cuatro megavatios (MW) con una capacidad para generar unas 600 toneladas anuales de hidrógeno. Allí no hay «inestabilidad» regulatoria en materia de impuestos, insisten desde la firma.
La fricción entre Moncloa y la energética viene de lejos. Hace ahora un año Repsol aprovechaba la presentación de resultados trimestrales para lanzar una advertencia al Gobierno si prosperaba el acuerdo entre PSOE y Sumar por el que se mantendría el gravamen extraordinario. La compañía avisaba de que podrían peligrar sus inversiones en España si sale adelante esta medida que, a su juicio, «castiga» a las empresas que, como Repsol, «invierten en activos industriales, generan empleo y garantizan la independencia energética».