Montero se plantea aplazar el tributo energético por el bloqueo de sus socios

La cuenta atrás para incluir la prórroga del gravamen energético —y bancario— a través de una enmienda un proyecto de ley antes del próximo miércoles día 30 es tan apurada que el Gobierno está barajando un plan b para poder poner en marcha esta medida anunciada desde el inicio de la legislatura, aunque no termina de arrancar. El Ejecutivo valora darse algo más de tiempo y llevar la medida a un decreto ley que aprobaría el Consejo de Ministros en alguna de las próximas semanas, para después refrendarlo en las Cortes, tal y como indican a este diario varias fuentes parlamentarias inmersas en la negociación. Lo haría siempre y cuando tenga cerrados todos los apoyos necesarios.

Porque la realidad era, hasta ahora, pero, además, e ha complicado de forma vertiginosa con el paso de las últimas jornadas. La intención del Ejecutivo pasaba por incluir una enmienda con el nuevo gravamen en el proyecto de ley del impuesto mínimo para las grandes corporaciones. El plazo para hacerlo expiraba la semana pasada, pero se amplió hasta el día 30 para intentar llegar a un pacto.

En estos días tanto PNV como Junts, dos de los socios imprescindibles para sacar adelante esta medida, se han opuesto abiertamente a la prórroga del gravamen. Y las empresas afectadas, lideradas por Repsol, han insistido en el impacto que tendría en sus empresas. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señalaba este jueves la «vocación» del Gobierno de dar continuidad a los impuestos a las energéticas y a la banca, pero reconocía que si el Ejecutivo no cuenta con apoyo «suficiente» en el Congreso, no se podrá dar continuidad a estos impuestos como tenía previsto.

«Nos parece que es una figura tributaria que cumple muy bien con su función y que incluso también en el conjunto de Europa fue adoptada durante el tiempo de la pandemia. Ahora le queremos dar una mayor continuidad. Ojalá podamos conseguirlo», indicó.

Montero sabe que no las tenía todas consigo después de que Junts, cuyos siete votos en la Cámara baja son imprescindibles, haya vetado la idea de prorrogar ese tributo. El partido presidido por Carles Puigdemont ha mostrado su intención de no apoyar esta medida cuando se lleve a votación en el Congreso.