Los combustibles a precio de derribo afloran un fraude millonario en 800 gasolineras
La patronal denuncia el perjuicio que sufren las gasolineras con la medida.
¿Cómo es posible que un litro de diésel costase esta semana, de media, 1,40 euros y haya gasolineras en la Península donde se venda a menos de un euro? Las diferencias abismales de precio entre dos estaciones de servicio ubicadas a ambos lados de una avenida industrial reflejan cómo el fraude del diésel se ha extendido por España como una mancha de aceite. Si la brecha de coste es superior a los 15 céntimos entre la media y lo que algunas estaciones venden el gasóleo, las alarmas del fisco se encienden. Porque por muy liberalizado que esté el sistema, esa distancia inusual es la que ha llevado a la Agencia Tributaria a desarrollar operaciones contra el fraude del IVA. La última, hace apenas una semana, alcanzaría un valor defraudado de 133 millones de euros. El conductor solo se percatará de este problema por los bajos precios de algunas gasolineras. Porque el producto del que se surte no afecta al vehículo, pero sí al el sector. Se estima un fraude que afecta al 25% del volumen de gasóleo que se vende en España; a unas 800 estaciones de servicio; con una sangría de 1.900 millones de euros para las arcas públicas y el riesgo de quiebra de una parte de las gasolineras por competencia desleal de las que adquieren este diésel tan barato para venderlo en condiciones ventajosas.
El fraude del diésel consiste en que un distribuidor de combustible no liquida el IVA correspondiente (con un tipo del 21%) ni tampoco otras tasas que se pagan por cada litro de combustible cuando lo vende a la estación de servicio, que sí lo repercute en sus clientes al comercializar el diésel en el surtidor. Es decir, se genera un margen de dinero negro de hasta un 21% por un IVA que paga el cliente pero que la distribuidora no liquida al fisco. Para evitar cualquier responsabilidad, ese operador cierra su actividad a las pocas semanas o meses sin dejar rastro. El origen de este problema se remonta a 2015, según apuntan fuentes del sector. Entonces la ley permitió que los minoristas pudieran vender a otros minoristas o mayoristas el combustible. Se pasó de un reducido número de operadores a miles de empresas.