Los Gobiernos regulan el uso del efectivo por los ciberataques y los mayores
Suecia prepara una ley que obligue a aceptar los pagos en metálico para productos básicos
Una persona saca dinero en efectivo de un cajero automático. DL
La mayoría de los ciudadanos paga ya con tarjeta, con el móvil o por bizum. La pandemia aceleró la digitalización de los pagos, es más rápido y fluido pero también tiene sus riesgos. Hay grupos en la sociedad que no tienen acceso a los servicios de pago digitales o les resulta difícil utilizarlos y, por lo tanto, se ven marginados. Además, los pagos digitales no siempre están disponibles. Por ello, varios países han iniciado la regulación de los pagos en efectivo antes de que se reduzcan por debajo de un nivel razonable.
Es el caso de Noruega, que desde este mes obliga a los comercios a aceptar efectivo, o Finlandia, Países Bajos, Letonia, Polonia... Y es el caso de Suecia, un país de diez millones de habitantes y en el que alrededor de un millón de personas sufre la exclusión digital —de ellas, más de 300.000 son mayores de 65 años—, ya que muchos comercios no aceptan el pago con tarjeta. El ‘cash free’, ‘tiendas libres de efectivo’, se ha extendido por el país nórdico desde que en 2008 abrazara la digitalización del sistema de pagos.
La digitalización también hace que los pagos sean más vulnerables a los ciberataques y las interrupciones de la red eléctrica y las comunicaciones de datos, explica Christina Wejshammar, jefa del departamento de pagos del Banco Central sueco. Además, desde la invasión de Ucrania por Rusia, Suecia busca contar con una fuerte defensa civil y eso incluye que la capacidad de realizar pagos también debería estar disponible en situaciones de crisis y estados de alerta máxima. Por ello, señala Wejshammar, hay que centrarse más que antes en los desafíos que plantea la digitalización. Esto afecta tanto a la resiliencia del sistema de pagos en caso de interrupciones, crisis y guerras, como a la capacidad de pago de todos los miembros de la sociedad (gente mayor, zonas rurales, personas con minusvalías, inmigrantes, mujeres víctimas de violencia doméstica que no quieren dejar huella con los pagos). En ambos casos, el efectivo —dice— sirve de respaldo si los pagos electrónicos no funcionan o no se quieren usar.
El Gobierno sueco está preparando un proyecto de ley que espera presentar el próximo 15 de diciembre, para intentar proteger la existencia de dinero en efectivo. Tampoco han sido ajenos a esta decisión los ciberataques sufridos desde Rusia. «Nadie espera que haya una vuelta al pasado, pero sí hay que darle un espacio al efectivo», asegura Max Brimberg, primer secretario de Gobierno en la investigación sobre la nueva legislación. El proyecto de ley establecerá que los productos básicos como alimentos y medicinas y los servicios públicos, incluido el transporte, puedan abonarse en efectivo. En el rechazo de las tiendas suecas a admitir efectivo influye que solo el 7% de las oficinas bancarias aceptan recoger el dinero efectivo de las tiendas. Por eso, la futura norma persigue que las entidades financieras ofrezcan una solución al comercio para depositar el efectivo en las oficinas bancarias o en cajas fuertes.
«El nivel de desaparición del efectivo no puede continuar porque el sistema explotará», asegura Brimberg, cuya entrevista y la de otros representantes suecos se ha realizado en el marco de un viaje organizado por Loomis, empresa dedicada al transporte y custodia de efectivo.
Más difícil tenerlo que pagar
En España hay más problema en acceder al dinero en efectivo que en pagar con él. Actualmente, la población que no tiene acceso a oficinas bancarias o cajeros para obtener dinero en efectivo supera el 2%, pero al ritmo de cierre de sucursales bancarias en 2025 llegará al 5% de la población y cerca de tres millones de personas estarán en grave riesgo de exclusión financiera, según Denaria, una plataforma que quiere garantizar por ley la aceptación del efectivo y su acceso universal.
El 28 de junio de 2023 la Comisión Europea adoptó una propuesta legislativa para salvaguardar el papel del efectivo en euros, que debe aceptarse como medio de pago en toda la Unión Europea y ser accesible para los ciudadanos y las empresas. En España, la Ley de Protección de los Consumidores defiende el derecho de los consumidores a pagar en efectivo y fija sanciones para los comercios que rechacen los pagos en metálico. También el Tribunal de Justicia Europeo sentenció en 2021 que era obligatorio aceptar pagos en efectivo en Europa.