Las gestoras dirán la pensión que se cobrará con los planes de empresa

Uno de los principales problemas a la hora de planificar la jubilación es, sencillamente, que no sabemos a ciencia cierta cuál será nuestra pensión pública futura y, por tanto, cuánto deberíamos ahorrar para mantener el actual nivel de vida en el momento del retiro. Pues bien, los trabajadores que tengan un plan de pensiones de empleo (aquellos ofrecidos por la empresa) podrán despejar al menos parte de esa incógnita a partir del 1 de enero de 2025, cuando se pondrá en marcha la transposición de una directiva europea -aprobada el 14 de diciembre de 2016- que obliga a las gestoras de planes de empleo a remitir a sus partícipes una carta con la estimación de cómo quedará esa pensión privada en el momento de la jubilación.

La norma —que no afecta a los planes de pensiones individuales, solo a los de empresa— establece que «con periodicidad al menos anual» las gestoras suministrarán ese cálculo aproximado del ahorro conseguido si el partícipe se mantiene en el mismo plan de pensiones hasta que alcance la edad de jubilación, bajo una serie de variables como la evolución de los tipos de interés, de la inflación o del crecimiento económico, entre muchas otras.

Aunque el resultado no será una cifra cien por cien exacta, el sector ve con buenos ojos esta iniciativa que puede ayudar a los clientes a tomar mejores decisiones sobre su ahorro privado. Pero critican que de poco servirá si el Estado no hace lo propio con la pensión pública. «Esa es la estimación que realmente interesa al partícipe para ser consciente de su realidad financiera y calcular cuánto ahorro privado debe generar para complementar lo que perciba de la Seguridad Social cuando se jubile», indican desde el sector. Hacen referencia, de una forma muy dura, a la desidia que los distintos Gobiernos han demostrado con la famosa ‘carta naranja’ que, por ley y desde 2011, el Estado debía remitir a los ciudadanos con una estimación de la pensión pública en función de lo que han ido cotizando. Se trata de una herramienta habitual en muchos países que, sin embargo, ha sido imposible de implementar en España. «Es fundamental que exista una campaña institucional para concienciar al ciudadano», indica Gonzalo Recarte, director general de la gestora Cobas AM.

Fórmulas de ahorro

Para la industria, la foto de los planes de pensiones en España es bastante pobre si se compara con los países del entorno. «Necesitamos 3,5 puntos adicionales del PIB para financiar prestaciones públicas en las próximas dos décadas, frente a solo 0,4 puntos de los países de la UE», recuerda Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco. Desde la patronal llevan años defendiendo la urgencia por defender los tres pilares del sistema de pensiones, con el tercero (los planes individuales) enormemente dañado desde que el Gobierno limitó a 1.500 euros anuales la aportación máxima deducible, y el segundo (los planes de empleo) «que no terminan de arrancar». «No podemos confiar el reto demográfico a un solo pilar y tenemos que desarrollar el segundo y el tercero», insiste.

«Los efectos de la reforma del sistema de pensiones han sido un desastre», añade David Angulo, presidente de Dunas Capital, en referencia a la fórmula impulsada por el ya exministro José Luis Escrivá. Su idea era incentivar los planes de empresa con la puesta en marcha de tres nuevos vehículos de previsión social complementaria: los planes de pensiones de promoción pública, los de empleo sectoriales y los de empleo simplificados, destinados a pymes y autónomos. Pero su implementación aún no ha cogido el ritmo esperado, al tiempo que se han desincentivado las aportaciones al sistema individual.

Actualmente, los planes de empleo en España apenas cuentan con un patrimonio de 37.000 millones de euros. Son productos poco extendidos y, en muchas ocasiones, se concentran en los altos directivos. Según una reciente encuesta de Nationale Nederlanden, solo un 9,2% de los trabajadores cuenta con un producto de ahorro complementario proporcionado por su empresa. A esta escasa penetración, se suma el escaso conocimiento de los empleados sobre su futura pensión pública, hasta tal punto que solo el 48% de los mayores de 55 años conoce cómo se calcula; es decir, más de la mitad lo desconoce.