La CEOE da portazo al Gobierno y rechaza la reducción de jornada
La patronal sostiene que una imposición por ley «debilitaría» la negociación colectiva
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.
La CEOE dio este martes, una semana antes de plazo, una respuesta oficial al Gobierno: rechaza por unanimidad la última propuesta realizada por el Ministerio de Trabajo para reducir la jornada laboral a 37,5 horas en 2025, lo que complica su tramitación en el Parlamento y, por tanto, la puesta en marcha de la medida estrella del Ejecutivo de coalición.
En esta ocasión no ha habido discusión entre los diferentes sectores y organizaciones territoriales y descartaron dar su apoyo a este recorte de horas para más de doce millones de trabajadores al considerar que supone «una intromisión en la autonomía de la negociación colectiva, consagrada en el artículo 37.1 de la Constitución», según el comunicado enviado por la patronal.
La CEOE advierte de que si se aprueba por ley la reducción de jornada «se debilitará el marco de negociación colectiva, que ha sido fundamental para mantener la paz social durante los últimos 40 años» y, en la práctica, «abocará a muchas empresas, especialmente a pymes y autónomos, a una reorganización forzada que pondrá al límite su capacidad de organización interna y su supervivencia».
Además, discrepan de la tesis de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y sostienen que «difícilmente» aumentará la productividad. «Adoptar medidas como ésta, con carácter general, tiene poco sentido si se tiene en cuenta las enormes diferencias existentes entre los distintos sectores económicos y entre comunidades autónomas», concluyen.
Sin la CEOE, Trabajo tratará ahora de acordar esta medida con los sindicatos y llevarla «cuanto antes al Parlamento. «Intentaremos que los sindicatos presentes en la mesa nos respalden. Naturalmente, para alcanzar un acuerdo con las organizaciones sindicales, tendremos que establecer algunas medidas en el texto que se acomoden a lo que piden las organizaciones sindicales», advirtió ayer mismo el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, en clara alusión a que las ayudas ofrecidas a pymes y autónomos pueden desaparecer.