El decreto será efectivo para los casos en los que se pretenda adquirir el 50% de una sociedad
Las Opas tendrán que cubrir todo el capital de la empresa afectada
El Gobierno obligará a lanzar una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (Opa) sobre el 100 por 100 del capital de la sociedad afectada (frente al
También se establece la obligación de lanzar una Opa sobre el 10% del capital de la sociedad cuando se pretenda alcanzar un porcentaje inferior al 25% y se tenga intención de designar entre un tercio y la mitad de los consejeros de ésta. Otra de las modificaciones consiste en la obligatoriedad de lanzar una Opa cuando los anteriores supuestos de control transcurran en el plazo de dos años desde que se haya adquirido un porcentaje de capital de la sociedad afectada. El borrador flexibiliza el actual régimen de Opas competidoras, permitiendo sucesivas mejoras de la oferta inicial y suprimiendo la exigencia de que la mejora de los precios en las ofertas competidoras deba ser, al menos, del 5%. Rato señaló que con este Real Decreto se eliminará un fuente de riesgo de fuga de información privilegiada, al permitir la acreditación ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de la constitución de los avales bancarios hasta 48 horas después de la presentación de la Opa, en vez de previamente como se exigen en la actualidad. El vicepresidente segundo y ministro de Economía señaló que estas modificaciones se realizan a la espera de que concluya una regulación armonizada de Opas en toda la Unión Europea y obedece al objetivo general de aumentar la protección de los accionistas minoritarios en los supuestos de cambio de control de las sociedades cotizadas. Por otra parte, indicó que el proyecto de Instituciones de Inversión Colectiva (ICC), que previsiblemente entrará en el Congreso de los Diputados en el mes de febrero, adapta las directivas europeas al respecto y contemplará el pasaporte comunitario para las gestoras a la vez que incrementará los activos en los que se puede invertir. También agilizará la operativa de estas gestoras, entre ellos los trámites administrativos, y establecerá un nueve régimen de operaciones vinculadas. El informe también propone que se prohiba desempeñar cargos en empresas competidoras con la sociedad o sociedad de su grupo y evitar, en todo caso, conflictos de interés. La Comisión recomienda transparencia sobre las acciones, «stock options» o derivados que mantengan los directivos y la prohibición del uso indebido de activos de la empresa para obtener ganancias patrimoniales. Además se recomienda que se fije la participación activa de los consejeros en el órgano de administración de la compañía y la obligación de instar reuniones del consejo si se estima necesario. La junta de accionistas deberá regularse a través de un reglamento interno.