Las comunidades socialistas y el País Vasco rechazan el Pacto del Suelo

El documento suscrito tras la segunda conferencia sectorial de Vivienda -al que Cantabria, Galicia y Cataluña añadieron varias salvedades para evitar que choque con su normativa interna, en cuestiones como el reparto de competencias con los Ayuntamientos- no presenta grandes novedades respecto a la propuesta que el Ejecutivo central ya hizo a las autonomías hace poco más de un mes, cuando los consejeros discrepantes pidieron un plazo mayor para estudiar su alcance. Tras ese estudio, los gobernantes socialistas estiman que los planes de Fomento son «insuficientes» y se reducen a «un mero paquete de recomendaciones a las comunidades». Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura y País Vasco fueron enumerando una tras otra sus críticas al proyecto del Ejecutivo central, sobre él que se mostraron «decepcionados» porque -en su opinión- el Gobierno «no ha cedido nada nuevo en sus competencias y ha desviado toda la atención en las autonomías». El problema para las voces discrepantes no es la cantidad de suelo urbanizable existente en el país, cuya oferta creen más que suficiente frente a las demandas de promotores y constructores -coincidentes con los planes del Ministerio de Fomento-, sino su elevado precio. Ese encarecimiento de los terrenos responde, según los socialistas, a un método de valoración que no se basa en sus condiciones reales sino en una estimación sobre el desarrollo urbanístico futuro de cada zona. Otra de sus demandas, compartidas por el Gobierno vasco, es que se haga una reserva fija de suelo para viviendas de protección oficial, con un mínimo del 25% del espacio edificable dispoible. La distinta óptica que desde Fomento se tiene de la problemática de la vivienda hizo que el anunciado pacto de Estado sobre el suelo fuera imposible, al menos hasta otoño, una vez se consolide el mapa político autonómico y municipal tras los comicios de la próxima primavera.