Bruselas inicia actuaciones contra la «acción de oro» de gobiernos de la UE en empresas privatizadas
La Comisión Europea continuó ayer su actuación contra las «golden share» («acción de oro») que tienen varios gobiernos de la UE en empresas privatizadas. Así, envió al Gobierno holandés un dictamen motivado, segundo paso en el procedimiento de infracción, en el que la insta a revisar sus prerrogativas en las compañías KPN y TPG, escindidas de PTT, antiguo operador de telecomunicaciones y servicios postales. También pidió a Italia información (primer paso del proceso) sobre el control gubernamental en la estructura de propiedad o de gestión de compañías privatizadas. Mañana, el abogado general del Tribunal de Justicia de la UE, Alberto Ruíz Jarabo, emitirá sus conclusiones sobre la ley española de 1995 que creó la «acción de oro» en las privatizadas Repsol, Endesa, Telefónica, Argentaria y Tabacalera. Según las sentencias anteriores del Tribunal de la UE, con el caso español podría suceder cualquier cosa, ya que el pasado 4 de junio, rechazó las legislaciones de Francia y Portugal sobre la «acción de oro», pero aprobó la de Bélgica. Siguiendo la argumentación de la Comisión, el Tribunal sentenció que este tipo de medida sólo es admisible «por razones imperiosas de interés general» y de forma «prorporciada al fin perseguido». También afirmó que su aplicación deberá basarse en criterios precisos, que las empresas conozcan de antemano, susceptibles de control jurisdiccional y que no puedan sustituirse por medidas menos restrictivas. En otra sentencia de mayo de 2000 sobre Italia, el Tribunal concluyó que su restricción es incompatible con las reglas europeas sobre libre prestación de servicios. La ''acción de oro'' es el derecho de veto o de autorización administrativa previa que los gobiernos europeos mantienen sobre ciertas actuaciones de las empresas privatizadas (disolución, escisión, fusión, cambio del objetivo de la empresa, venta de activos o venta de acciones). España la instauró por ley en 1995 y la desarrolló en posteriores decretos ley sobre Repsol (1996), Telefónica (1997), Argentaria (1998), Tabacalera (1998) y Endesa (1998). Mañana el abogado general informa de sus conclusiones sobre la denuncia del Ejecutivo comunitario contra España. El Tribunal suele respetar las opiniones del abogado en sus setencias finales.