Las autonomías rechazan un 30% de las pensiónes no contributivas

La cuantía media de la pensión no contributiva era el pasado 31 de diciembre de 265,13 euros al mes. Sin embargo, al concederse en función de la unidad familiar y de su situación económica, en Extremadura se elevaba a 295,58 euros y en Navarra bajaba a 249. Las pensiones no contributivas también se caracterizan desde hace unos años porque sus perceptores crecen a «cuenta gotas». Así a lo largo de 2002 sólo se incorporaron al sistema 2.410 beneficiarios, según un informe del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, documento que vuelve a colocar en primer lugar a los andaluces como la autonomía con mayor número de beneficiarios, al contar con 108.832 pensionistas no contributivos. Protagonismo La reciente atención especial sobre las pensiones no contributivas obedece al anuncio del presidente del Ejecutivo central, José María Aznar, de adoptar una norma que impidiera conceder a las comunidades complementos económicos a estas prestaciones. Las palabras del jefe del Gobierno se materializaron el pasado viernes cuando el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de Ley con el fin de prohibir que las pensiones no contributivas sean mejoradas desde las autonomías. Varios gobiernos como el andaluz o el catalán han pagado una cantidad adicional, sacada de sus propias «huchas», a los perceptores de esta protección; iniciativa que recibió el visto bueno del Tribunal Constitucional; pero el Gobierno central considera que la iniciativa territorial supone discriminación por el lugar de residencia y mantiene que al amparo de esa sentencia se pueden evitar disfunciones. Y, en consecuencia, decidió redactar una norma para acabar con semejantes medidas. La ley que regula las pensiones no contributivas data de diciembre de 1990 y tanto el rechazo de las autonomías como el débil crecimiento del número de titulares responde a la propia naturaleza de la prestación. El objetivo era llegar a cubrir a unas 700.000 personas. El año 1995 terminó con 348.419 titulares y a 31 de diciembre de 2002 el colectivo afectado sólo llegaba a 486.246 personas. El principal motivo de su aprobación fue paliar la situación de pobreza de ancianos o enfermos sin recursos económicos, que no habían cotizado laboralmente nunca o lo habían hecho durante un tiempo insuficiente para acceder a un retiro contributivo (propio de los trabajadores). A medida que pasan los años, el grupo potencial que podía acceder a una pensión no contributiva disminuye y las historias laborales con 15 años de cotización, periodo mínimo de aportación que permite recibir una pensión contributiva, aumentan. Derecho universal En 2002, el coste anual de estas prestaciones no contributivas se elevó a 1.751,939 millones de euros, dinero que abonó el Estado, porque se considera una ayuda universal como la sanidad o la enseñanza, aunque corresponde a las comunidades su concesión. Un año antes el gasto de las pensiones no contributivas fue de 1.709,998 millones de euros, importe que en 1995 se quedó en 1.022,570 millones. El total se distribuyó entre 279.432 jubilados que percibieron un montante mensual medio de 248,33 euros y entre 206.814 inválidos, que cobraron alrededor de 287,83 euros. En este sentido, es preciso tener en cuenta que a partir de enero de 2001, las pensiones de incapacidad de los mayores de 65 años se contabilizan como de jubilación, lo que provocó que en el pasado mes de diciembre hubiera 806 inválidos menos que en la misma fecha del año anterior; mientras que el número de jubilados creció en 3.216. Las pensiones no contributivas se pagan en 14 mensualidades (12 ordinarias y dos extraordinarias) al año.