El Estado tendrá un déficit del 0,8% en el 2004 por la deuda de Renfe

El Gobierno estudia otras posibilidades para aminorar los efectos de tan importante operación, que van desde asumir una parte menor del pasivo de Renfe (la deuda histórica del Estado con ella se eleva ya a 3.820.5 millones de euros) hasta repartir en varios ejercicios sus efectos contables. En todos los casos, el escenario dibujado por Fomento, que está siendo estudiado por los Ministerios de Economía y de Hacienda, es el mismo: un aumento del déficit público que siempre estaría por debajo de la frontera del 3% fijada en el Plan de Estabilidad Económica, y que tampoco rebasaría el 60% del PIB, límite establecido para la convergencia con la UE. El debate sobre el pasivo de la empresa pública que controla el monopolio de los ferrocarriles ha vuelto a suscitarse a raíz de la tramitación del anteproyecto de Ley del Sector Ferroviario, que liberaliza el mercado del transporte por ferrocarril en línea con las últimas directivas comunitarias aprobadas en Bruselas. Antes de que llegue el próximo verano habrá dos nuevos actores en un escenario abierto a la competencia privada, tanto nacional como internacional: el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y Renfe-Operadora, reducida a los trenes y sus unidades de negocio. Tres soluciones Alvarez-Cascos informó a los diputados de la Comisión de Infraestructuras de que ha propuesto tres posibles soluciones a los otros dos departamentos afectados, cuya línea común es que Renfe siempre mantendría casi una quinta parte (18,7%) de su pasivo actual, es decir, 1.357,4 millones de euros. En un primer caso, el Estado se haría cargo de la llamada deuda histórica y del coste de mantenimiento de la infraestructura ferroviaria, que sumados ascienden a 5.882,7 millones de euros. Las otras dos posibilidades pasan por que el nuevo ente gestor de las vías y los surcos horarios asuma el pasivo al que iba a hacer frente el Estado. El problema de estas soluciones, que permitirían reducir al 0,5% la desviación prevista en el objetivo de déficit cero (que ya no se cumplirá este año por las ayudas para paliar los efectos del hundimiento del petrolero Prestige, y otros créditos extraordinarios), es que «cargarían» al ADIF y éste «necesitaría más aportaciones del Estado», según el propio Alvarez-Cascos. A la espera de que el Ejecutivo resuelva en los próximos días cómo se reparte el pasivo de Renfe, el titular de Fomento insistió en que el proceso de liberalización del sector ferroviario está a salvo con independencia de la solución final a ese problema. «La deuda es perfectamente viable en cualquier escenario y no hace peligrar la continuidad de la compañía», contestó el ministro a preguntas del diputado socialista José Segura, quien se mostró partidario de que el Estado asuma todos los números rojos para permitir que Renfe pueda competir con empresas privadas sin cargas arrastradas, proceso que dará sus primeros pasos el próximo 15 de marzo.