Anticorrupción acusa a algunos abogados de colaborar con el fraude

Las sospechas que desde 1997 tenían la Unión Europea y distintas instituciones financieras internacionales parecen haber quedado confirmadas con el paso del tiempo. Así, al menos, lo sostiene el fiscal jefe Carlos Jiménez Villarejo para «ciertos casos» de letrados cuyo nombre no concreta. No obstante, las instancias comunitarias ya advirtieron años atrás del «riesgo de que la criminalidad organizada se sirviera para sus objetivos» de profesionales «vulnerables», como abogados, notarios, auditores, asesores fiscales, contables externos y agentes de la propiedad inmobiliaria. Dentro de esas profesiones, las investigaciones de la Fiscalía han deparado un mayor protagonismo para los abogados, entre quienes se ha tratado de deslindar la defensa en pleitos y el consejo jurídico de «otras actividades ajenas a ese derecho», como las comerciales o las de asesoramiento e intermediación económica. En esa segunda opción se incluiría, según Anticorrupción, «el diseño de operaciones de ingeniería financiera y la prestación de la infraestructura necesaria para ejecutarlas». Elementos comunes que se ofrecerían a los clientes de esos servicios «especiales» serían -explica Jiménez Villarejo- la creación de sociedades instrumentales, al frente de las que se colocarían a personas físicas (testaferros) que permiten ocultar la identidad del propietario de los fondos y la verdadera naturaleza de la operación. A su juicio, los grandes conocimientos de algunos letrados les permiten dar «una apariencia de legalidad» a sus operaciones, «aprovechando con habilidad imprecisiones o lagunas legislativas así como insuficiencias de los sistemas de control». Otra de las quejas del fiscal jefe anticorrupción, que ha reiterado hace pocas fechas en la Memoria Anual del órgano que dirige, es que «resulta muy difícil obtener de estos profesionales información relativa a las operaciones en las que intervienen». El motivo, según él, es que «se amparan en un abuso indebido del secreto profesional que no se ajusta, estrictamente, a su contenido propio como elemento esencial del derecho de defensa». Para Jiménez Villarejo, esos supuestos tienen una línea común pues en ellos el asesor «participa de la actividad mercantil ilícita y simultáneamente ofrece su asesoramiento», si bien habrá que determinar en cada caso hasta donde llega ese papel y si se realiza de forma consciente. Debido a estas últimas precisiones, las condenas a abogados por ese tipo de actuaciones ilícitas han sido mínimas, y entre las más sonadas se encuentra la del ex alcalde socialista de Estepona (Málaga), Antonio Caba, a quien la Audiencia Nacional impuso cinco años de cárcel por utilizar su asesoría jurídico-fiscal para ayudar a blanquear dinero de un «cártel» turco del narcotráfico. En esa misma Memoria de actividades en 2002 se pone como ejemplo la existencia de ciertos despachos que «son capaces de conjugar los intereses comunes de clientes distintos».