El Estado obtuvo un superávit de 11.000 millones de euros hasta abril

En opinión del titular de Hacienda, el superávit de abril demuestra que en España existe un crecimiento económico «sólido», lo que permitirá al Gobierno garantizar también este año el equilibrio presupuestario. Montoro considera que el «déficit cero» es «una garantía» para la continuidad del crecimiento económico y de las principales inversiones que necesita la economía española. Del mismo modo, el ministro indicó que la evolución de las cuentas públicas en abril es «coherente» con los objetivos presupuestarios que se ha marcado el Gobierno para el ejercicio del 2003, y destacó el crecimiento diferencial de España con el resto de la UE, donde, según expuso, «hay un estancamiento económico bastante generalizado porque no se han hecho los deberes en materia de saneamiento de los presupuestos públicos». El ministro de Hacienda mostró también su satisfacción por que la reducción de impuestos, como el IRPF, está siendo compatible con el aumento de la recaudación tributaria, gracias al aumento del crecimiento económico. Por ello, y dado que el comportamiento del IVA «es más que razonable para financiar el Estado», Montoro aseguró que «está descartada cualquier medida destinada a subir la fiscalidad indirecta en España». En este sentido, apostó por continuar impulsando el crecimiento económico a través de la política tributaria, y se mostró «convencido» de que las próximas elecciones generales estarán marcadas por un debate sobre el futuro de la fiscalidad y la estabilidad presupuestaria. Unidades antifraude La Agencia Tributaria pondrá en marcha antes del verano nueve unidades especializadas en investigación dentro del ámbito regional, que desarrollarán actuaciones tendentes a determinar modalidades concretas de fraude fiscal y sus métodos de realización, así como a evaluar el riesgo fiscal en relación con las diferentes actividades o sectores económicos. El director de la Agencia Tributaria, Salvador Ruiz Gallud, señaló ayer, en un encuentro con periodistas, que, en una primera fase, las delegaciones especiales de Madrid, Cataluña, Andalucía, Valencia y Galicia contarán con una de estas unidades y, es probable, que en Cataluña se creen incluso dos. Posteriormente, la intención de Hacienda es extenderlas al resto de comunidades autónomas.