Control férreo sobre las ayudas de la UE

El Consejo de Ministros de este viernes aprobó, junto a la nueva Ley General Tributaria, el proyecto de Ley de Subvenciones, que establece un control mucho más férreo que el actual sobre los 50.000 millones de ayudas públicas que se conceden al año en España. Pero esa norma reconoce que las Comunidades tienen todas las competencias a la hora de establecer un procedimiento de gestión y devolución de las ayudas europeas que puedan considerarse irregulares u obtenidas por métodos fraudulentos, como ocurre en reclamaciones con las del caso del lino y otros similares. Ese aspecto fue una de las cuestiones más controvertidas a la hora de elaborar la nueva norma, dado que frente a Bruselas, toda la responsabilidad es del Reino de España, pero la gestión de las ayudas que vengan de la UE y su eventual reintegro corresponde a las Comunidades. Es por ello que la nueva ley pretende ordenar los sistemas de concesión, seguimiento y control de todas las ayudas públicas. En el caso de las autonomías, la norma marca las definiciones y principios generales, pero deja en manos de los gobiernos autonómicos la reglamentación concreta a aplicar, aunque se procure llegar a acuerdos bilaterales al respecto con todos ellos. Como gran novedad, el proyecto de ley ordena y tipifica las irregularidades que se puedan producir en la concesión y disfrute de ayudas públicas, así como las sanciones que se les podrá imponer a sus usuarios en caso de que incurran en alguna de ellas, algo que hasta ahora no existía. Esas sanciones serán leves, graves y muy graves, y en el caso de estos dos últimos tipos, además de la multa que se les puede imponer, se establece que al beneficiario de la ayuda se le puede prohibir durante cinco años el disfrute de cualquier subvención pública, e incluso retirarle la posibilidad de acceder a contratos públicos.