Obstrucción a la inspección fiscal sobre?las?cesiones de crédito

«Obstrucción» a la investigación de la Inspección Fiscal y «resistencia» a los requerimientos de la justicia sobre el envío de documentación contable. Estas son las dos principales acusaciones que la titular del Juzgado Central de Instrucción número tres, Teresa Palacios, vierte sobre los imputados en esta causa: Emilio Botín, presidente del SCH; Rodrigo Echenique, ex consejero delegado; José Ignacio Ucles, ex jefe de la Asesoría Jurídica; y Ricardo Alonso Clavel, ex jefe central contable y director general adjunto. En su auto de incoación de procedimiento abreviado, dictado el 27 de junio del año pasado y ahora confirmado, la magistrada sostiene que desde el inicio de la investigación de Hacienda sobre las cesiones de crédito del Santander, éste facilitó identidades «deliberadamente defectuosas» de 9.896 inversiones hechas por sus clientes entre 1988 y 1989. Esas operaciones afectaron a 649 millones de euros, «cuya trascendencia tributaria se frustró». No fue, según la juez, la única irregularidad que cometieron los entonces directivos del banco. Así, afirma que éstos ordenaron a sus distintas sucursales que «dosificaran» la información, «completa e incompleta», que iban a comunicar al fisco. En la misma línea, sostiene que desde la entidad financiera se llegó a «sugerir» a los clientes la posibilidad de utilizar testaferros para que no aparecieran sus nombres verdaderos. Las polémicas cesiones de crédito no son más uno de los muchos productos financieros opacos a Hacienda, condición que se aseguraba a los clientes- que proliferaron en la década de los ochenta al amparo de una legislación permisiva, cuyo fin era aprovecharse de los «huecos» existentes en la normativa tributaria para minimizar la contribución fiscal a las arcas públicas.