El PP impide en el Congreso que las autonomías modifiquen las pensiones

El proyecto de ley que impedirá a las comunidades autónomas pagar subidas adicionales a las pensiones públicas superó ayer jueves en el pleno del Congreso de los Diputados el primer obstáculo de su tramitación parlamentaria. Las enmiendas a la totalidad planteadas por CiU y BNG sólo recibieron 26 votos afirmativos, frente a 166 en contra, procedentes de los bancos populares. También se registraron 97 abstenciones emitidas por el PSOE y Coalición Canaria (CC). Los diputados del PNV estuvieron ausentes. Este resultado puede convertirse en un adelanto de lo que pasará finalmente con el proyecto de ley. CiU advirtió de que, si no hay cambios en el texto, una vez aprobada la futura norma la Generalitat presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional. Idéntica amenaza lanzó el PSOE, quien justificó su abstención en la conveniencia de dar mayor protagonismo a los cambios, vía enmiendas, que las cámaras podrían introducir en el documento. El debate parlamentario giró sobre la defensa, por un lado, de «los principios de unidad, solidaridad e igualdad» del sistema de Seguridad Social alegada por el Gobierno y el PP; y, por otro, del Estado de las autonomías y de la competencia que tienen las comunidades para distribuir como crean más oportuno su asistencia social, argumentada por la oposición. En nombre del Ejecutivo habló el titular de Trabajo y Asuntos Sociales, Eduardo Zaplana. El ministro resaltó que el texto pretende evitar que los gobiernos autonómicos entren en una competencia «poco responsable» que perjudique a las comunidades más pobres. En este sentido, destacó que la ley está inspirada en que las personas mayores del territorio nacional cobren la misma pensión y no pueda haber desigualdades ni desequilibrios. «Es un proyecto de ley solidario, que garantiza la unidad de todas las pensiones en todo el territorio nacional», insistió. Antigua polémica El BNG y CiU fueron los únicos grupos que pidieron la devolución del documento al Gobierno. Carlos Aymerich, en nombre de los nacionalistas gallegos, instó al PP a reflexionar, dialogar y a interpretar adecuadamente la Constitución. Lamentó que el Ejecutivo confunda «unidad básica con unanimidad dogmática». Carles Campuzano, de CiU, insistió en que se trata de un documento que «invade el contenido competencial de las comunidades, refleja una concepción regresiva en el fondo, pretende resolver las diferencias políticas »a la brava« y obedece a una idea retrograda de la política social». El proyecto de ley responde a la polémica suscitada en reiteradas ocasiones entre el Gobierno central y algunos ejecutivos territoriales proclives a realizar pagos adicionales a sus pensionistas, medida rechazada tajantemente por La Moncloa. Además, existe una sentencia del Tribunal Constitucional que desestimó el conflicto promovido por el Gobierno de la nación. Así, el portavoz socialista, Ramón Jauregui, aseguró que el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, no cesará en el empeño de complementar en su autonomía las pensiones no contributivas (propias de ancianos y enfermos que no han cotizado lo suficiente para acceder a las prestaciones de los trabajadores) y preguntó al PP «qué va a hacer el Gobierno» con los pagos adicionales realizados por autoridades populares «como ocurre en Álava y Navarra». Para Jauregui, el actual proyecto es «inconstitucional, antiautonómico y antisocial». Reformas preocupantes El portavoz de IU, Antero Ruíz, llamó la atención de la cámara porque el proyecto del Gobierno «encierra» otras reformas preocupantes. Entre ellas figura la relativa a establecer una mayor flexibilidad en el pago de las cuotas y criticó que la aportación de los trabajadores a la Seguridad Social se pueda demorar. En su opinión, el cambio propuesto «rompe el principio histórico de que las cotizaciones son inaplazables». Zaplana reiteró que el proyecto cubre vacíos existentes, reforma más de medio centenar de preceptos relacionados con la protección social, tipifica los casos en los que la Seguridad Social podrá facilitar los datos de sus afiliados, reordena las prestaciones familiares por hijo a cargo y extiende su aplicación a los supuestos de adopción. En definitiva, para el ministro se trata de una ley «muy importante que mejorará la gestión del sistema de protección y refuerza su solidez y cohesión en todo el territorio nacional».