La gestión de la Seguridad Social se resolverá en una misma oficina

La administración pública española sufrirá un cambio importante a comienzos del año 2004. El Gobierno de Aznar se ha propuesto que en esa fecha entre en funcionamiento la nueva Agencia Nacional de la Seguridad Social, un organismo que unficará la gestión de la Tesorería General, el Imserso, el Instituto Nacional de la Seguri-dad Social (INSS) y el Insituto Social de la Marina con un do-ble objetivo: mejorar la lucha contra el fraude y simplificar los trámites administrativos al ciudadano. Fuentes del Ministerio de Trabajo indican que el departamento de Zaplana tiene ya el proyecto de ley ultimado y que en breves fechas será aprobado por el Consejo de Ministros y el Parlamento. La nueva agencia se encargaría de la recaudación de las cotizaciones, del pago de las pensiones, de servicios sociales complementarios del sistema público y de procedimientos de tramitación de creación de empresas, altas y bajas de los trabajadores. A esto se añadiría el control de cumplimiento de la legislación que regula el sistema general de la Seguridad Social. En contra de lo que había previsto Trabajo, el organismo no se encargaría de abonar las prestaciones por desempleo, aunque el anteproyecto de ley deja abierta la puerta a que el Inem se integre en la agencia en un futuro. Según las fuentes consultadas, el borrador de la norma también abre la puerta a que la agencia pueda crear empresas propias para gestionar su patrimonio y que ésta, además, tendrá potestades para configurar su presupuesto y su política de personal. Francisco Gómez, actual director de la Tesorería General de la Seguridad Social, sostiene que la agencia «va a ser el gran ente gestor de este país, por su propio volumen económico, con un presupuesto de recaudación que supera los 90.000 millones de euros (cer-ca de 15 billones de pesetas). Determinadas evaluaciones realizadas hasta ahora sobre la agencia de ámbito estatal apuntan a que sus recursos totales podrían suponer un 15% del PIB e incluso hasta podría absorber entre un 30 y un 40% de los presupuestos generales el Estado. Eficiencia El Gobierno ha apelado a la necesidad de modernizar la gestión que recibe el ciudadano y a la urgencia de optimizar los recursos públicos disponibles para crear la agencia. Pero según cálculos de Trabajo, la modificación administrativa podría costarle cerca de mil millones de euros, que tendrían que invertirse en adaptación de oficinas, compra de material y de nuevos inmuebles. «Esta inversión se haría efectiva a lo largo de diez años no sólo en el año 2004», detallan.