Bruselas denuncia a España por no transponer a su ordenamiento la directiva comunitaria de morosidad

La Comisión Europea decidió ayer denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) por no trasponer a su ordenamiento jurídico nacional la directiva comunitaria sobre morosidad, que debería haber entrado en vigor hace casi un año. Bruselas también denunciará a Luxemburgo por el mismo motivo, por no aplicar una ley europea que instaura el derecho a gravar con intereses las deudas que aún estén pendientes de cobro 31 días después del suministro de un bien o un servicio. El comisario de Empresa, el finlandés Erkki Liikanen, justificó ayer las medidas legales que emprenderá la Comisión contra estos dos países en la necesidad de establecer unas normas comunes que todos cumplan. España es, después de Grecia, Portugal e Italia, el país de la Unión Europea en el que más hay que esperar para cobrar una transacción comercial, en torno a 74 días, cuando la media europea es de 53 días. La aplicación de la directiva comunitaria daría derecho a la empresa prestataria -la que vende un bien o servicio- a aplicar un interés de hasta el 7% sobre el montante de la transacción si tiene que asumir el riesgo de esperar más de un mes para cobrar. Morosidad intencionada «Una de cada cuatro quiebras en Europa se debe a la morosidad, en muchos casos deliberada, lo que representa la pérdida de unos 450.000 puestos de trabajo cada año», manifestó ayer Liikanen, antes de apostillar que éste es una práctica con la que hay que es necesario acabar. Además, las estadísticas comunitarias reflejan que el 62% de los casos de morosidad que se registran en España son intencionados, mientras que sólo un 21% están relacionados con las dificultades financieras del pagador y un 3% se debe a la disputa sobre los bienes comprados.