Ocho de cada diez obras públicas se terminan con sobrecostes

Ocho de cada diez obras realizadas por las Administraciones Públicas se culminan con sobrecostes, a pesar de que la ley que regula este tipo de contratos establece que ese recurso debe ser «excepcional». Sin embargo, la realidad ocurrida durante los últimos años evidencia lo contrario, hasta el punto de que los expertos consideran que las desviaciones presupuestarias en las infraestructuras construidas por los organismos estatales, regionales o locales son «un fenómeno habitual». Según un estudio elaborado por varios catedráticos y profesores del área de Economía y Empresa de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, en la mitad de los casos el exceso en el precio final de esos contratos ronda el 20%, es decir, la quinta parte de lo presupuestado en un principio. Dado que se trata de obras públicas de más de 3 millones de euros (los técnicos han analizado para su investigación todas las realizadas entre 1993 y 1998, es decir, a caballo entre los últimos años del Gobierno socialista y los primeros del «popular»), la cantidad de más que deberían aportar las arcas públicas sería, como mínimo, de 600.000 euros. Uno de los Ministerios más afectados por esta problemática es el de Fomento, pues no en vano invierte fondos públicos cuantiosos. De hecho, el ambicioso Plan de Infraestructuras 2000-2007 prevé una inversión de 54.000 millones de euros en ese plazo, a razón de una media de 6.000 millones anuales en adjudicaciones. Según los últimos datos sobre la obras licitadas por dicho departamento, el valor de éstas durante los cuatro primeros del año supera en casi un 104% a las ejecutadas en el mismo período de 2002, al alcanzar los 2.573 millones de euros, la mayoría de ellos correspondientes a ingeniería civil. De hecho, tres de cada cuatro obras encargadas por la Administración central en lo que va de año corresponden al área dirigida por Francisco Álvarez-Cascos. Tras analizar los motivos del sobrecoste, es decir, la diferencia entre el precio final (después de modificar el proyecto) y el de adjudicación, los autores del informe concluyen que en el 62,7% de los casos está relacionado con «deficiencias en la planificación inicial de la obra», por lo que recomiendan poner más atención en esa fase del trabajo. No ayuda a resolver el problema el hecho de que los mecanismos de inspección de la Administración dejen bastante que desear en muchas ocasiones.