El Plan Empleo 2003 movilizará más de 29.000 millones de euros Más de 10.000 millones serán para bonificaciones fiscales

El Consejo de Ministros dio ayer luz verde al «Plan de Acción para el Empleo del Reino de España 2003» (PNAE), que movilizará 29.142,4 millones de euros, un 9,5% más que en el ejercicio anterior. El documento enmarca toda la política laboral del país, es decir, la desarrollada por el Gobierno central, por las comunidades autónomas y por los ayuntamientos. En consecuencia, abarca un amplio abanico que va desde los incentivos al empleo, la formación profesional, el coste de la prolongación en el puesto de trabajo más allá de los 65 años, hasta la renovación del listado de enfermedades profesionales o la desaparición de los desequilibrios territoriales tras abordar decenas de diversos capítulos. Además, las medidas recogidas afectarán a 1.500.000 desempleados vía 2.115.000 acciones de inserción. La presentación del Plan corrió a cargo del ministro Portavoz y de Trabajo y Asuntos Sociales, Eduardo Zaplana, quien abogó de nuevo por la moderación salarial para que la política laboral prosiga con sus buenos resultados y lamentó que «en los últimos tiempos hayamos conocido algún convenio que se ha excedido», pese a reconocer que «a veces las circunstancias» han llevado a los agentes sociales a suscribirlos. Respecto a las recomendaciones que España recibe habitualmente de organismos internacionales por su elevada temporalidad, Zaplana explicó que estas advertencias siempre van acompañadas de importantes reconocimientos. Los planes nacionales son un mandato europeo. Tienen periodicidad anual aunque su proyección abarca cinco ejercicios. El correspondiente a 2003 inaugura una nueva etapa de la estrategia de la Unión en la que «se simplifican y reducen las directrices para alcanzar mayor estabilidad» a petición de los estados miembros, según el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Departamento que asegura que «la participación de las comunidades y de los agentes sociales ha sido fundamental» en la elaboración de este documento. El nuevo método estará vigente hasta 2010, con una evaluación intermedia al terminar el periodo 2003/2006. Una vez presentados los documentos, la Unión Europea los analiza. Su incumplimiento sólo conlleva «sanciones morales», pero es muy difícil no responder adecuadamente a las directrices europeas. El objetivo de estos proyectos es mejorar las políticas laborales internas con un mínimo de coordinación europea. El plan se financia vía presupuestos y fondos europeos y su elaboración definitiva corre a cargo de una Comisión Interministerial. El resto de los partidos La coalición IU se sumó este jueves al PP y a CC en la defensa de la futura Ley de Empleo, que reforma el servicio público de colocación, rechazada en el Congreso de los Diputados por el PNV y el Grupo Mixto (ERC, BNG y EA) por entender que conculca las competencias autonómicas y conlleva mayor centralización de las políticas laborales. Hubo 168 votos en contra de la devolución del proyecto al Gobierno, nueve a favor y 114 abstenciones procedentes del PSOE y de CiU. IU basó su postura en que es un texto que pese a «contener determinadas insuficiencias» recoge muchas de las propuestas de CC.OO. y UGT, según expuso su diputado, Antero Ruiz. El ministro Eduardo Zaplana achacó las pretensiones vasca y del Grupo Mixto a «motivaciones de tipo político». Los 29.142,4 millones de euros, del año 2003, se repartirán en 10.352,3 millones destinados a «incentivos para que trabajar sea rentable», incluidas bonificaciones y beneficios fiscales; 6.241,6 para mantener el capital humano necesario y su formación; 5.427,8 para la creación de colocaciones y empresas; y 3.169,3 para actuaciones con parados. El resto estará destinado a conseguir la adaptabilidad del mercado de trabajo, la integración de personas desfavorecidas y el freno de las disparidades regionales. Tendrá que hacer frente a determinadas reformas laborales, consideradas primordiales por el Gobierno. Así deberá completar la modernización del Servicio Público de Empleo e incorporar los recursos humanos necesarios. En 2003 se ha dotado a las comunidades de 52,1 millones de euros para disponer de personal adicional para la gestión de las colocaciones, lo que permitirá contratar a unos 3.500 trabajadores. Igualmente, ayudará a la puesta en marcha de la Ley de Empleo, que se encuentra en tramitación parlamentaria y que entrará en vigor en el 2004. Entre sus objetivos figura la reordenación del «sistema de capitalización de las prestaciones de paro» con el fin de fomentar el autoempleo. Medida que previsiblemente creará, en 2003, 17.260 empleos, de los que 260 serán para minusválidos. Mayor flexibilidad El Plan promoverá una mayor flexibilidad de jornada en sintonía con las directrices comunitarias, continuará con la bonificación a las colocaciones indefinidas y aumentará la lucha contra el fraude en los empleos temporales. Asimismo atenderá a la seguridad laboral con una mayor prevención de riesgos y actualización de la lista de las enfermedades profesionales. El Plan costeará los incentivos por retener a los trabajadores mayores en su empleo así como los destinados a los empleadores por el mismo motivo. En otros capítulos asume una parte de las cotizaciones sociales de los trabajadores de 55 a 61 años afectados por expedientes de regulación de empleo; costea los periodos de baja por maternidad; y financia la mejora de la oferta de servicios de atención a la primera infancia.