Las empresas condenadas por delitos laborales no recibirán subvenciones

El Gobierno se ha puesto duro en la gestión de las subvencio-nes, una partida presupuestaria que con sus 54.000 millones de euros supone nada menos que el 20% de los gastos totales del Estado. Cuando entre en vigor la norma que ha preparado el Ministerio de Hacienda, pre-visiblemente el próximo año, ninguna empresa que haya co-metido delitos económicos o laborales podrá optar a ayudas públicas. «Queremos mejorar la asignación y la gestión del gasto público para poder dedicar más recursos a la protección social y a las políticas que favorecen la creación de empleo y el cre-cimiento económico», asegura el ministerio. Si una sociedad ha cometido algún delito de falsedad, contra el patrimonio, contra el orden socieconómico, cohecho, malversación, ha utilizado información privilegiada, ha hecho tráfico de influencias o ha atentado contra los derechos de los trabajadores puede ir despidiéndose de cualquier tipo de subvención. Igualmente, si el administrador o el representante ha sido condenado por alguno de los delitos anteriores tampoco podrá optarse a la ayuda. Lo mismo sucede para las firmas que hayan solicitado la quiebra, la suspensión de pagos o sean insolventes. Por último, las obligaciones con la Seguridad Social deberán estar al día para acceder a las ayudas y la residencia no podrá estar en un paraíso fiscal. La transparencia es uno de los principios de la futura norma, por lo que se creará una base de datos nacional en la que se incluirán todas las subvenciones que concedan las administraciones públicas para fomentar la coordinación entre el estado y las comunidades.