Los afectados de Gescartera quieren que?la Once?sea responsable?del fraude

Varios clientes perjudicados por el caso Gescartera se han personado en el proceso civil que debe dirimir la condición o no de la ONCE como socio de la agencia de Antonio Camacho, por considerar que de ese proceso se puede derivar la condición de la institución como responsable civil subsidiario del fraude que pudo causar. La personación, que se puede unir a las que ya existen de otros afectados en este proceso, se presenta en esta ocasión por el abogado Andrés Vilacoba Ramos, que fue responsable legal de Adicae y representa ahora a varios clientes de la agencia. De la investigación llevada a cabo desde que en junio de 2001 se intervino se deriva la posibilidad de que la Fundación ONCE fuera titular de un 10% de las acciones de Gescartera Dinero, condición que, supuestamente, se le exigía para elevar a categoría de agencia a la sociedad gestora que hasta ese momento era la empresa de Camacho. El secretario del consejo de Gescartera, José Antonio García de la Chica, presentó una certificación notarial con los socios de la entidad en la que se recogía tal participación, y se remitía para verificarlo al Libro Registro de Acciones de la sociedad. Pero los dirigentes de la ONCE advirtieron que fue el director general de la fundación, José María Pichel, quien actuó a titulo personal en esa pretendida participación, vía donación de la agencia pero valorada en 90.000 euros. Tras ello, tacharon de falso el certificado presentado y se querellaron en la vía civil contra el secretario del consejo, proceso en el que ahora se pretenden personar varios grupos de clientes afectados, dado que de ello puede dirimirse la responsabilidad del director de la fundación (inculpado también en la causa penal) y la posible responsabilidad civil subsidiaria de la ONCE en el perjuicio causado a casi 2.000 clientes afectados. El escrito del abogado Andrés Vilacoba recuerda que el proceso civil abierto «se fundamenta en documentos que la propia demandante (ONCE) reputa como falsos», cuando en la instrucción penal, la Audiencia Nacional ya resolvió un recurso con un auto en el que se tanto desde el contenido exacto de los documentos que el querellante afirma que son falsos, como desde el contenido de la declaración de García de la Chicas sobre quienes eran socios de Gescartera o «que participarían cada uno de ellos en el capital social de la empresa».