Rato pide ahora ayuda a comunidades y alcaldes para bajar el precio de lospisos

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, volvió a reconocer ayer que el precio de la vivienda es un »problema serio« y, como única solución, mostró su esperanza en que todos los partidos políticos, desde todas las administraciones públicas, incentiven el sector de la construcción, que es «muy importante» para la economía pero con precios «más moderados». Durante unas jornadas organizadas por el PP para presentar los Presupuestos Generales del Estado del próximo año, Rato indicó que los distintos gobiernos (nacional, autonómicos y locales) pueden influir sobre algunas variables como el suelo público y el incremento de los gastos en Viviendas de Protección Oficial. y señaló que cree que el PP está ejerciendo la responsabilidad que le corresponde. Rato recordó que la construcción representa en España el 15 por ciento del Producto Interior Bruto y criticó las acusaciones de que el crecimiento español está basado en «el ladrillo». Matizó que, si se excluye la inversión pública, el crecimiento sería del 10 por ciento, por lo que es un «despropósito y un error» creer que ese porcentaje genera todo el crecimiento español. A su juicio, el precio de la vivienda es un tema político «relevante» y un problema «serio» y que los partidos políticos deben replantearse este asunto, al tiempo que recordó que en España se construyen anualmente 550.000 viviendas y que este sector ha creado en los últimos años más de 600.000 empleos. Por este motivo, Rato pidió a los que «despectivamente» dicen que el crecimiento está basado en el ladrillo que se «guarden esas cosas para temas no tan serios». «Salvo que España cambie de Gobierno, el undécimo año consecutivo de crecimiento económico está garantizado», aseveró el vicepresidente primero. Precio accesible La oposición también se refirió ayer a la cuestión de la vivienda. El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Jesús Caldera, aseguró en Alcorcón (Madrid) que el PSOE exigirá «por ley» que, en todos los planes de ordenación urbana y desarrollos urbanísticos, «al menos el 50 por ciento de las viviendas tengan un precio tasado accesible a las rentas medias y bajas». «Prohibiremos que todas las actuaciones urbanísticas sean libres y que las viviendas puedan tener el precio que quieran los especuladores», añadió. En este sentido, anticipó que su partido garantizará que «todos los suelos de titularidad estatal se destinarán gratuitamente a viviendas de protección social». «No permitiremos lo que hace el Ministerio de Defensa, que vende sus terrenos especulativamente, lo que provoca la subida del precio de otros solares, para financiar armamento», dijo. Caldera, que responsabilizó al Gobierno de la subida de la vivienda, subrayó que estos incrementos son «un impuesto para toda la vida» que, según precisó, no recae en el Estado «para prestaciones sociales», sino que «se lo llevan los especuladores». El portavoz socialista concluyó que este decálogo de medidas permitirá poner en marcha una «política distinta en materia de viviendas», que «elimine la especulación». A su juicio, estas medidas «garantizarán cada año la construcción de 250.000 viviendas a un precio máximo de 80.0000 euros (menos de 14 millones de pesetas)».