El Tribunal de Cuentas recomienda que ante las limitadas competencias del Estado en materia de vivienda se emprenda «urgente un gran pacto con las comunidades y Corporaciones Locales» para lograr que se haga efectivo «sin exclusiones» el derecho a una vivienda digna. Así lo recoge el
aprobado por el Pleno del Tribunal el pasado 30 de septiembre y elevado a las Cortes Generales. Resalta la «baja ejecución» del Plan en la construcción de vivienda protegida» ya que casi un tercio de las programadas no se construyeron. Las causas, indica, fueron «la pérdida de rentabilidad para los promotores privados, en comparación con la promoción de vivienda libre en momentos de fuerte crecimiento de los precios de ésta, y el encarecimiento y escasez de suelo, que ha tenido una progresiva repercusión sobre los costes de construcción». También el informe recomienda «mayor información» del cumplimiento del Plan así como emprender actuaciones para reducir la relación entre el precio de la vivienda libre y la protegida con el ya que esta situación disuade «a los promotores por el elevado diferencial de precios». Considera que el precio máximo de las viviendas protegidas y el importe de ayudas «debe armonizarse» para que «sin superarse el gasto máximo previsto por el Gobierno para este fin, no se produjeran situaciones como la experimentada en el Plan 1998-2001, en la que el gasto inicial autorizado hubo de reducirse sustancialmente». En las conclusiones explica las características de este Plan que se aprobó en Consejo de Ministros con un volumen máximo de préstamos cualificados a convenir con las entidades de crédito por 16.280,52 millones de euros y el montante de ayudas públicas (subsidios y subvenciones) del Estado por 2.564,49 millones a distribuir entre 1998 y 2024, que concluye cualquier ayuda a dicho Plan. El total de préstamos cualificados concedidos fue por 10.662,70 millones lo que supone el 65,49% y el tipo de interés se establece entre el 3,88 y el 5,38%.