El banco defiende las retribuciones y Adicae apoya aclarar las cuentas
La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) valoró de manera «positiva» la decisión de la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios de dar continuidad en el caso en el que están imputados el presidente del SCH, Emilio Botín, José María Amusátegui y Angél Corcóstegui, por las indemnizaciones cobradas por estos dos últimos, por considerar que contribuirá a dar mayor transparencia a la actuación del banco y de los directivos. «Siempre estaremos apoyando todas las actuaciones jurídicas que sirvan para dar transparencia y clarificar la actuación de las entidades financieras y de sus directivos», manifestó a Europa Press un portavoz de la organización. Asimismo, Adicae estimó que si las diligencias judiciales se realizan «con total imparcialidad», serán en beneficio de la propia entidad y no en su detrimento. La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ha dictado auto de transformación de procedimiento abreviado en la causa al apreciar indicios de delito de administración desleal en la actuación de los tres imputados. El SCH defendióayer la legalidad de las retribuciones abonadas a José María Amusátegui y Angel Corcóstegui a su salida del banco y mostró su «discrepancia» con la decisión de la Audiencia Nacional de continuar la causa penal contra ambos y contra Emilio Botín, por lo que recurrirá esta actuación, según fuentes cercanas al banco. La entidad financiera presidida por Botín asegura que las retribuciones cobradas por Amusátegui y Corcóstegui se ajustaron a los Estatutos de la entidad y a las leyes mercantiles vigentes, «siguiendo la práctica habitual en todas las sociedades cotizadas españolas». Además, el SCH destaca que la legalidad de estas actuaciones fue corroborada por el Ministerio Fiscal, que solicitó el sobreseimiento libre y el archivo de la causa. El banco insiste en que «los hechos investigados en esta causa fueron actuaciones totalmente legales, transparentes, desarrolladas conforme a los usos y modos mercantiles, verificados por los auditores y registrados y detallados en las cuentas anuales aprobadas por los accionistas». Amusátegui cobró 43,75 millones de euros como «bono de jubilación» al dejar la presidencia del banco, en tanto que Corcóstegui percibió 108 millones de euros correspondientes a los derechos acumulados para su jubilación, al abandonar su cargo de consejero delegado.