Argentina amenaza con expulsar del país a las empresas españolas

La batalla entre el Estado argentino y las empresas de servicios que fueron privatizadas parece no tener fin, y lo que es peor, día a día se endurecen las posiciones de ambas partes poniendo en peligro el normal suministro y el mantenimiento de las estructuras que sirven el gas, la luz, el agua y las telecomunicaciones a millones de usuarios. Mientras las empresas, la mayoría filiales de multinacionales españolas y francesas, siguen reclamando una subida de las tarifas para poder invertir y mejorar los servicios, el Gobierno ya ha amenazado con retirar las concesiones. Un corte de luz que afectó a 380.000 porteños y un fallo en el suministro de agua, que dejó sin fluido a unos 6 millones de personas en la ciudad de Buenos Aires en los últimos días, han provocado sospechas, acu-saciones y descargos por parte del Ejecutivo y los empresarios. Las autoridades suponen que la suspensión de los suministros obedece a medidas de presión, y que si hubo un fallo es porque alguien «bajó la palanca». Sin embargo, desde las empresas aseguran que los desperfectos se deben a accidentes fortuitos y a la falta de mantenimiento por los magros presupuestos de los que disponen para ello. El ministro del Interior, Aníbal Fernández, insistió en nombre del presidente Kirchner en que «el Estado va a ser implacable». Y que ante estas supuestas maniobras de las empresas «hay elementos más que suficientes como para sancionar y hasta incluso llegar al punto de quitar las concesiones». En cuanto al incremento de las tarifas, el funcionario aseguró que «se podrán discutir cuando el Estado considere que la población está en condiciones de poder pagarlas». Lo cierto es que a raíz del corte en la distribución de agua, la empresa suministradora Aguas Argentinas (el 25 por ciento del capital es de Aguas de Barcelona), deberá soportar una multa de 500.000 euros, si el Gobierno no acepta el descargo de la empresa, que podrá ser realizado dentro de los próximos diez días. Multa para Endesa Más difícil es la situación de Endesa. Además de soportar unas pérdidas de 300 millones de euros y de asegurar que las tarifas están un 37 por ciento por debajo del precio que deberían tener, el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) comunicó que inició el proceso para multar a Edesur (que pertenece a la empresa Endesa) y Edenor (en la órbita de EDF) con dos millones de euros. También inició acciones judiciales para aplicar multas por 600.000 euros a ambas empresas por «incumplimientos en el servicio a los usuarios». «No estamos intentando estrangular al pueblo argentino pidiendo un aumento de tarifas. Pero queremos cierto equilibrio: si no invertimos, la red se verá debilitada y habrá problemas operativos en el futuro», declaró el director general Gerard Creuzet.