Los municipios piden una nueva financiación para reducir el coste del suelo

El problema de la vivienda mantiene divididas a las tres grandes administraciones del país -central, regional y municipal-, que descargan unas en otras la responsabilidad sobre la falta de medidas eficaces para frenar su encarecimiento, pese a coincidir todas ellas en que se trata de una situación coyuntural de difícil solución. No obstante, autonomías y ayuntamientos tienen claro que cualquier medida efectiva para desacelerar la subida del precio de las casas debe pasar por actuar sobre el suelo, bien agilizando los excesivos trámites burocráticos que se han de realizar para su urbanización, bien reduciendo los márgenes de beneficio que los poderes públicos obtienen con su venta, para lo cual se eliminaría la subasta. Para ello sería necesario establecer un nuevo marco de financiación local, en el cual se sitúa la controvertida penalización fiscal a las viviendas vacías, medida que provoca opiniones encontradas y que el Gobierno está dispuesto a apoyar con reformas legales. Si en algo coinciden comunidades autónomas y municipios es en la necesidad de fortalecer sus mecanismos recaudatorios a través de nuevas fórmulas para no tener que recurrir al suelo como nutriente de sus arcas, a pesar de que desde los ayuntamientos se arguye que sólo entre el 5% y el 10% de sus presupuestos se financian a través de soluciones urbanísticas. Para ello, y con el fin de frenar el incremento desmedido registrado en los últimos años en el coste de un terreno edificable (que supone ya el 60% de la suma que hay que desembolsar para adquirir una casa), proponen la convocatoria de una mesa conjunta con varios ministerios, promotores y constructores.