Bruselas propone sancionar a EE.?UU. en marzo por sus ayudas a la exportación La nueva Ley de Seguros Privados entra hoy en vigor «Estamos indignados» «La sentencia es preocupante»

La Comisión Europea decidió imponer sanciones a Estados Unidos a partir de marzo de 2004, que comenzarán siendo de 200 millones de euros para subir a los 600 millones un año más tarde, si este país no retira su régimen de «Corporaciones de Ventas en el Extranjero» (FSC, por sus siglas en inglés), declarado ilegal por la Organización Mundial del Comercio (OMC). Las sanciones, que tomarían la forma de aumento de aranceles sobre las importaciones de determinados productos procedentes de Estados Unidos que puede llegar al 100%, se dan después de que la OMC estimara que EE.?UU. está dando una subvención encubierta a las exportaciones que viola las normas del comercio internacional. La propuesta -que se ha transmitido al Consejo de Ministros para su adopción formal- prevé por tanto una imposición gradual desde el nivel del 5 por ciento, seguida de aumentos mensuales automáticos del 1 por ciento hasta un límite máximo del 17 por ciento, que se alcanzaría en marzo de 2005. En esa fecha y en el caso de que Estados Unidos aún no haya eliminado el régimen de las Corporaciones de Venta en el Extranjero, la Unión Europea volverá a examinar la cuestión. La Ley de Seguros Privados, aprobada el pasado 16 de octubre en el Senado por el trámite de urgencia y que adapta la regulación nacional del sector a las nuevas directivas comunitarias en materia de solvencia, liquidación de entidades y comercialización a distancia de seguros, entrará en vigor hoy tras su publicación ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La nueva ley conllevará un aumento de las indemnizaciones por secuelas traumatológicas por accidentes de tráfico, al elevarse el baremo que sirve de referente a los órganos judiciales para calcular la cuantía económica que se otorga en concepto de indemnización por las secuelas sufridas en accidentes de tráfico. La Ley excluye del pago del recargo del 3 por mil a favor del Consorcio de Compensación. La secretaria de salud laboral del sindicato UGT, Carme Simarro, se ha mostrado «indignada» al conocer la sentencia y, en declaraciones a Efe, ha considerado que ésta obedece al desconocimiento que existe, en general, de la Ley de Prevención de Riesgos por parte de jueces, inspectores de obra y fiscales. Según Simarro, la ley deja claro que es el empresario el responsable de facilitar los medios colectivos e individuales de prevención por lo que considera «descarado que alguien se atreva a culpar al trabajador». Ya que quién debe de hacerse cargo de la seguridad de la obra son los propios empresarios. Desde el sindicato no entienden como un juez puede dictar una sentencia así, «ya que entonces los datos de siniestralidad laboral podrán incrementarse porque ya no se podrá obligar a los empresarios a que cumplán las normas» afirmó Simarro. El colectivo en Barcelona se siente defraudado, ya que con la primera sentencia del caso, se había abierto en la juridisprudencia española un camino por el cual la tendencia a reducirse los accidentes laborales estaba casí asegurada «ya que la multa a pagar era bastante grande, aunque no iba a devolverle la posibilidad de andar y de llevar una vida normal al trabajador» aseguró Simarro. En declaraciones a Eefe, el responsable de salud laboral de la Federación de la Construcción de CC.?OO., Alfredo Bienzobas, ha afirmado que la sentencia espreocupante por el «desconocimiento» que muestra sobre cómo se desarrolla la vida en una obra de la construcción, la inseguridad con la que trabaján los obreros y que las órdenes deben de ser cumplidas de manera «inmediata». Según Bienzobas, para cumplir las instrucciones del encargado de la obra, el trabajador se subió a un caballete, al bajar tropezó y cayó de una altura de tres metros y medio por un hueco en el que no había protección, por eso se ha mostrado sorprendido de que la sentencia tache de «imprudente» al trabajador, ya que «sería el empresario el que tendría que tener los medios para que esto no suceda». En este sentido, el sindicato coincide con las declaraciones efectuadas por UGT, y es que ambos piensan que con esta sentencia se rompen «las esperanzas de que a partir de ahora los empresarios se cuiden mucho de no cumplir las normas de seguridad, ya que a partir de ahora la ley les da la razón», afirmó Bienzobas. A pesar de la sentencia, Bienzobas ha remarcado que el trabajador puede reclamar daños y perjuicios por la vía civil.