España recibirá dinero de la UE para defender su industria naval de Corea

Portacontenedores, petroleros, gaseros y quimiqueros. Los astilleros españoles especializados en la construcción de estos tres tipos de buques podrán acogerse al régimen de ayudas de Estado, autorizado ayer por la Comisión Europea para defenderse de las prácticas desleales ejercidas por los fabricantes de Corea del Sur. Los subsidios pueden cubrir hasta el 6% del coste total de un contrato, pero en ningún caso beneficiarán a los cantones de titularidad pública, entre los que figuran las plantas de Izar en Fene y en Ferrol. El Gobierno español no tenía demasiado margen de maniobra para salvar el tipo ante Bruselas. Si no penalizaba esta vez a los astilleros públicos, beneficiados ya en el pasado por las suculentas ayudas de Estado, concedidas muchas veces de forma antirreglamentaria, se arriesgaba a que el Ejecutivo comunitario tumbara cualquier iniciativa dirigida a proteger la industria naval autóctona. Por tanto, Madrid pareció asumir la condición de cerrarle a los fabricantes públicos el grifo de las compensaciones económicas, gesto aplaudido ayer por la Comisión Europea, que destacó en un comunicado que España «ha acordado no conceder ninguna nueva ayuda» a los cantones estatales «hasta que no se hayan recuperado los subsidios concedidos previamente a estos mismos astilleros», que no se atenían a las normas comunitarias. Fuentes comunitarias recordaron que España fue condenada a recuperar 110 millones de euros en compensaciones a los astilleros en 1998 en forma de créditos fiscales. A la vez, Bruselas tiene muy avanzadas las investigaciones en torno a las ayudas concedidas por la SEPI a los cantones entre los años 1999 y 2002, lo que podría obligar al Estado a recuperar otros 2.015 millones de euros en subsidios que no se ajustaron a las reglas. Por lo demás, las autoridades comunitarias autorizaron a España a conceder nuevas compensaciones a su industria naval, siempre y cuando sea para defenderse de las prácticas de dúmping de los fabricantes surcoreanos, que se amparan en ayudas públicas que les concede Seúl para vender buques por debajo del precio de coste. Así, Bruselas permitirá subvenciones de hasta el 6% del valor de un contrato para la construcción de portacontenedores, de buques cisterna para productos químicos o de petroleros que transporten refinados y gas licuado. Estas ayudas de Estado derivan de la decisión de la Unión Europea de denunciar a Corea del Sur ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por competencia desleal, en octubre de 2002.