El PP impide en el Congreso que las autonomías suban las pensiones

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer, con los votos del PP y Coalición Canaria, el proyecto de ley de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social, una medida que, sobre el papel, supone prohibir a las comunidades autónomas que suban las pensiones no contributivas del Estado como en su momento hizo Andalucía. Esta norma ha desatado una gran polémica. El PSOE ya advirtió durante su tramitación en el Congreso -lo que se aprobó ayer fue la ratificación del texto modificado con las enmiendas aportadas por el Senado-, de que si el texto se aprobaba en estos términos, tal y como ha sucedido, los socialistas se plantearían recurrir al Tribunal Constitucional. Pese a que tras la ratificación de ayer por el Pleno de la Cámara Baja, la Ley de Seguridad Social entrará en vigor una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Gobierno de Andalucía ha anunciado su intención de seguir completando las pensiones en su territorio. Política derechista El portavoz parlamentario del PSOE andaluz, José Caballos, insistió ayer en que la Junta «va a seguir adelante con su decisión y con nuestra política porque estamos amparados por una sentencia del Constitucional». Tras asegurar que impedir que las autonomías mejoren las pensiones es una actuación «derechista y que demuestra la falta de sensibilidad social del PP», Caballos recalcó que el Gobierno andaluz «valorará la redacción de la Ley y si se le permiten resquicios para seguir haciendo política de solidaridad con los más desfa-vorecidos». Todos los grupos de la oposición, excepto CC, mostraron su rechazo a la decisión del PP. La diputada socialista Isabel López i Chamosa auguró que esta ley «nace del cabreo del Gobierno ante una sentencia del Tribunal Constitucional que daba la razón a la Junta de Andalucía» y lamentó que el Partido Popular varíe su política «en función del color que gobierne en cada comunidad autónoma, porque no es posible elevar al TC los complementos de pensiones otorgados por la Junta o la Generalitat de Cataluña y, a la vez, obviar una ley de la comunidad foral de Navarra que comple-menta pensiones contributivas de viudedad. Carles Campuzano (CiU) explicó que para su grupo este proyecto es «una lacra social que impide el libre ejercicio de competencias de las comunidades al negar la respuesta política y social de las autonomías de ampliar las pensiones de carácter no con-tributivo». El diputado del Partido Nacionalista Vasco Iñaki Txueka coincidió en que la ley «sigue sin resolver las cuestiones fundamentales y el Estado sigue invadiendo competencias». El Partido Popular, sin embargo, entiende que esta norma sirve para garantizar que la Seguridad Social, como dispone el artículo 41 de la Constitución, garantiza los principios de universalidad, unidad y solidaridad e igualdad del sistemas.