El Defensor del Pueblo pide una tarifa por segundos para los móviles

El Defensor del Pueblo quiere averiguar si las operadoras de telefonía fija, celular y por cable incumplen la ley general para la Defensa de Consumidores y Usuarios al cobrar a los clientes más de lo que corresponde a su consumo real en las comunicaciones con teléfonos móviles. Por eso ha abierto una investigación de oficio sobre el sistema de tarificación de todas las compañías. El ministerio de Ciencia y Tecnología, «ante la inquietud social por los conceptos incluidos en la tarifa telefónica», precisó ayer que existen muchas modalidades tarifarias y también dejó constancia de que las llamadas perdidas no tienen coste para el usuario. Frente al extendido rumor que asegura que las compañías las incluyen en sus facturas, este departamento reitera que solamente se cobran las llamadas que se completan, es decir, aquellas en las que se consigue establecer comunicación. Esa comunicación se puede producir con el destinatario, el contestador o el buzón de voz. La adjunta primera al Defensor del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, ha pedido al Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de Información, Carlos López Blanco, y al presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), Carlos Bustelo, que le informen sobre la exactitud de las referencias aparecidas en la prensa. Denuncias y ganancias La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) denunció a diecinueve operadores de telefonía móvil, fija y por cable «por redondear al alza el precio de las llamadas realizadas desde y hacia móviles con duración inferior a sesenta segundos, de manera que siempre facturan un minuto completo». En el caso de las tarjetas prepago, las llamadas de duración superior también se redondean al alza hasta alcanzar fracciones de 30 segundos, añadía. La denuncia fue formulada en noviembre contra Telefónica Móviles, Amena y Vodafone, a las que se atribuye el redondeo al alza de unos 10.000 millones de llamadas anuales, que les habría proporcionado una ganancia extra de 1.175 millones de euros en 2002, equivalente al 20% de los 5.884 millones que facturaron ese año. Esta demanda se hizo extensiva dos semanas después a los operadores de telefonía fija y por cable: Telefónica de España, Aló, Auna, BT Ignite, Euskaltel, Jazztel, Ono, R, Retecal, Retena, Reterioja, Spantel, Uni2, Telecable, Telecor y Tele2. El Defensor del Pueblo recuerda que la facturación de segundos de conversación que los usuarios no han consumido supondría que las operadoras desarrollan una actividad contraria a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. La norma considera abusivas las condiciones que impongan incrementos de precios por servicios no prestados. Si el Defensor del Pueblo comprueba la existencia de irregularidades y las denuncia, su resolución no será vinculante, pero expresó el convencimiento de que será aceptada.