Botín y Amusátegui serán juzgados por el caso de las pensiones millonarias
La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazo archivar la causa en la que están siendo investigados el presidente del Banco Santander Central Hispano (SCH), Emilio Botín, el ex copresidente de la entidad, José María Amusátegui, y el ex vicepresidente Ángel Corcóstegui por las indemnizaciones de 43,7 y 108 millones de euros cobradas tras su jubilación por los dos últimos, respectivamente. El tribunal confirmó ayer el contenido del auto de transformación en procedimiento abreviado dictado en esta causa el pasado 20 de octubre por la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, Teresa Palacios, en el que la juez apreciaba indicios de delito de administración desleal en la actuación de los imputados. Apertura o archivo En un auto notificado ayer, la Sala de lo Penal de la Audiencia rechaza todos los recursos de apelación presentados por la Fiscalía y por las defensas contra el auto de la juez Palacios, en los que se solicitaba el sobreseimiento libre de la causa por no ser los hechos constitutivos de delito. La vista de apelación se celebró los pasados 9 y 11 de febrero. A partir de ahora, las partes deberán formular escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o bien el archivo de la causa, sin perjuicio de poder pedir la práctica de diligencias complementarias. El caso investiga la presunta comisión de delito en el pago de 47,75 millones de euros a José María Amusátegui y de 108 millones de euros a Angel Corcóstegui, ex copresidente y ex vicepresidente del SCH, respectivamente, tras su salida del Banco Santander Central Hispano (BSCH). La Fiscalía insiste en que no hay delito y la defensa reitera que los acuerdos de pago fueron completamente legales y ajustados a lo previsto en los estatutos del banco por lo que solicita el sobreseimiento libre de la causa. Este caso llegó a la Audiencia Nacional en el año 2002, cuando el accionista Juan Francisco Franco Otegui interpuso una querella contra el presidente del SCH, Emilio Botín, y contra Amusátegui. La querella de Franco Otegui se basa en el perjuicio patrimonial para todos los accionistas por la dotación especial destinada a la jubilación de Amusátegui y destaca que «en los estatutos sociales del BSCH no se contempla la existencia de una indemnización a favor de los administradores para el caso de que estos sean removidos sin justa causa». A esta querella se sumó la denuncia presentada posteriormente por Rafael Pérez Escolar, quien, en calidad de accionista del SCH, solicitaba la investigación del cobro percibido por Corcóstegui.