Las autonomías solicitan a Zapatero inspectores contra los accidentes

Las comunidades autónomas solicitarán al próximo Gobierno inspectores propios para erradicar los accidentes de trabajo, sucesos que suponen uno de los mayores retos que deberá afrontar el Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero en el ámbito laboral. Los datos con 8.532 fallecimientos, 6.652.733 siniestros con baja, 140 millones de jornadas perdidas y un coste de 96.000 millones de euros desde febrero de 1996 (fecha en la que entró en vigor la Ley de Prevención de Riesgos) ponen de relieve la gravedad del problema. La demanda territorial, junto con la reforma de las mutuas, y otra serie de tareas -que van desde la ampliación de los derechos de representación sindical hasta una mejor actuación del ministerio fiscal- son las reivindicaciones prioritarias de CC.OO. y UGT en seguridad laboral y, a la vez, «tarea pendiente que deja el PP, pese a los acuerdos firmados en su día». Los dos sindicatos informaron que, tras el 14-M, optan por «una política continuista», apoyada en el acuerdo marco, de 30 de diciembre del 2002, todavía con capítulos importantes pendientes de desarrollar. El documento fue firmado por el Gobierno, Ceoe, CC.OO. y UGT y recogía un conjunto de cambios normativos y reglamentarios. En relación con el propósito expuesto por varias comunidades, con Cataluña a la cabeza, sus gobiernos piensan aprovechar que el pacto del 2002 refuerza la vigilancia y el control de la Inspección con la incorporación de los técnicos de Seguridad e Higiene en el Trabajo de cada autonomía, y reclamar que un número determinado de inspectores sea transferido con todas sus consecuencias para que pertenezca exclusivamente a las comunidades. En la actualidad, la Inspección se apoya en dos columnas. Por un lado, en la del Estado, que es quien paga a los trabajadores, y, por otro, en la de las comunidades que son quienes organizan las funciones a realizar. Los sindicatos consideran compatible la existencia de una Inspección de carácter estatal para atender a las empresas con presencia en más de una autonomía, con otra propia de los gobiernos regionales. No obstante, reconocen que se trata de una transferencia complicada «por eso estamos abiertos a su negociación», resaltaron sus representantes. Mayor transparencia Con independencia de la propuesta autonómica, el responsable del área de CC.OO., Joaquín Nieto, insistió en que urge la reforma de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales para que «los recursos técnicos preventivos sean eficaces». Para Nieto, «es muy importante reforzar los derechos de representación en los ámbitos territoriales y sectoriales».