Fomento paralizará durante un año la Ley del Sector Ferroviario
La primera medida de Magdalena Álvarez, la nueva ministra de Fomento, será la paralización durante un año de la Ley del Sector Ferroviario, aprobada por el Parlamento el pasado mes de octubre y que estaba previsto entrara en vigor el próximo 18 de mayo. Álvarez explicó este lunes que, antes de final de año, el Gobierno contará con un Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte basado en la racionalización de las inversiones, la solidaridad interterritorial y la seguridad en el transporte. Magdalena Álvarez anunció que el ministerio propondrá ampliar por un periodo de un año la «vacatio legis» (periodo por el que se retrasa la entrada en vigor de una ley para poder elaborar los reglamentos que la desarrollan) de seis meses a la que ya está sometida la norma que regula la liberalización del sector ferroviario en España. De este modo, la norma no se podrá aplicar hasta el 18 de mayo de 2005. El motivo, dijo, es la «falta de preparación de los sectores afectados y de la necesaria adaptación reglamentaria de la norma». Ley Recurrida Además, esta ley está recurrida ante el Tribunal Constitucional por cuatro comunidades autónomas. «Este es un sector muy delicado y vamos a ver todos los aspectos de fricción. Las leyes deben nacer de un cierto consenso», aseguró. Álvarez apuntó también que, aunque el nuevo equipo de Fomento «no a va a suspender nada» de lo aprobado por el anterior Ejecutivo, sí va a insistir en la racionalidad financiera para lograr «un marco eficiente de las inversiones a medio plazo que garantice la sostenibilidad económica del sistema». La prioridad será «estirar al máximo el dinero», algo en lo que la ex consejera de Hacienda andaluza asegura que ha sido una experta. «La inversión no es un fin en sí mismo, sino un medio para que los ciudadanos vivan mejor. Desde esa perspectiva vamos a tomar nuestras decisiones», afirmó. El nuevo Ministerio estará dividido en tres grandes áreas. Una inversora, dirigida a planificar y ejecutar las inversiones; una segunda de regulación y ordenación de los transportes y una tercera administrativa, que contribuirá a «una gestión eficiente de los recursos».