El PP pone en jaque al carbón pordejación con un expediente de la UE

El último Gobierno del PP dejó a sus sucesores un dardo envenenado en el departamento de Energía y Minas. No sólo cometió una dejación mientras el Gobierno Aznar aún estaba en funciones al dejar pasar el plazo de un mes para responder a la Comisión Europea sobre el expediente abierto a España sobre la posible ilegalidad de las ayudas al carbón en el 2003 sino que omitió en el traspaso de poderes el informar al Gobierno Zapatero sobre su existencia y sobre el hecho de que había transcurrido ya el plazo para las alegaciones. Tal y como publicó Diario de León hace un mes y medio, el 30 de marzo y tras más de un año de requerimientos por parte de la Comisaría de Energía (de la que es responsable la también popular Loyola de Palacio), Bruselas abrió expediente formal a España y le dio un mes, hasta el 30 de abril, para que se justificara y notificase los criterios en base a los cuales concedió 600 millones de euros en ayudas a la minería del carbón sin atenerse a la obligación previa de que fueran visadas por la UE; y sin haber fijado como era su deber la reserva estratégica y los criterios para la inclusión de las minas que formarán parte de ella. A la calle 14.000 mineros El Ministerio de Industria informó ayer que con fecha 5 de mayo, y tras ser advertido oficiosamente por cauces ajenos al anterior equipo ministerial, envió una misiva a Bruselas para rogar una moratoria que no obligue al sector a devolver 600 millones (183 de las de León) de euros. Un hecho que obligaría a cerrar todos los tajos por quiebra económica; lo que dejaría en la calle a casi 14.000 mineros (unos 4.600 leoneses) y sin futuro ni medio de vida a las cuencas carboneras, donde la dependencia industrial y económica del sector es casi absoluta. «El Ministerio de Industria lamenta que en año y medio los anteriores responsables gubernamentales del sector energético no lograran la tramitación satisfactoria de este asunto con la Comisión Europea, y se compromete a negociar las posibles soluciones tanto con la Unión Europea como con las empresas, los sindicatos y las comunidades autónomas afectadas por este asunto», se afirmaba ayer en una nota de prensa. Compromiso En la misma se informa que el ministro de Industria, José Montilla, tomó posesión el 17 de abril y que el secretario general de Energía, Antonio Fernández Segura, no hizo lo propio hasta el 3 de mayo, cuando ya había concluido el plazo dado por Bruselas para responder. Un asunto «que es heredado y tiene su origen en la falta de fluidez del anterior Gobierno del PP y la UE», se afirma. El Gobierno del PSOE «está estudiando las mejores soluciones al problema y tomará las medidas precisas respetando en todo momento la normativa comunitaria y, complementariamente, atendiendo las especificidades de la minería española del carbón y su importancia en la estructura energética, y especialmente a sus requerimientos respecto a los equilibrios sociales y territoriales que comporta esta actividad económica», se asegura. ¿Desidia o intención? La supuesta irregularidad en las ayudas mineras por las que la Comisión europea ha abierto expediente al Gobierno español eran esperadas por casi todos en el sector, desde la patronal a los sindicatos, que venían insistiendo de forma reiterada que no se estaba cumpliendo con el Reglamento aprobado en el 2002 y la Decisión que lo desarrolla. Ni el ex ministro Rodrigo Rato, ni el ex secretario de Energía, José Folgado, ni la ex directora de Minas, Carmen Becerril, advirtieron según fuentes ministeriales del expediente y lo que es peor, tampoco dejaron sobre la mesa los datos que el sector entregó hace más de un año y que no sólo no enviaron a tiempo ni cuando se los pidió Bruselas de forma reiterada; hasta ayer no fueron capaces los funcionarios de ponerlos en manos de Segura, tras revolver todos los archivos «Dieron largas, esa ha sido su política», señalaban ayer desde el Ministerio. Y avanzan: «Vamos a encontrar casos así casi cada día».