El Gobierno reconoce que el grupo público Izar está en quiebra técnica

«La crisis que atraviesa el grupo Izar es uno de los mayores problemas de la historia industrial de España». Así de rotundo se manifestó ayer en La Coruña el secretario general de Industria, Joan Trullén, que reconoció que los astilleros están prácticamente en situación de quiebra técnica. Es la consecuencia de que Bruselas haya exigido al grupo naval que devuelva al Estado español 350 millones de euros (308 más intereses) recibidos en concepto de ayudas ilegales. Aún están sin resolver otros cuatro expedientes sobre la concesión de 1.000 millones de euros más. Trullén, miembro de la comisión interministerial que diseña el plan de futuro de la empresa pública, apuntó que la Sepi (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) está trabajando con mucha intensidad, «a tope», en la resolución de un problema que va a requerir «grandes dosis de valentía y recursos». No dudó en señalar la falta de reacción de los anteriores responsables políticos para adoptar los ajustes y medidas necesarios. «Hemos llegado y nos hemos encontrado con un problema de una magnitud extraordinaria tanto desde el punto de vista industrial como financiero, que muestra la ausencia de decisiones eficaces por parte de los responsables políticos de los últimos siete años como mínimo. Pero especialmente en los últimos cuatro». Mientras la Sepi trabaja en la búsqueda de una solución ante la delicada situación financiera del grupo naval, los nuevos responsablesde Industria empiezana cuestionar la idoneidad de la fusión de los astilleros civiles y los militares (Aesa y Bazán), para crear Izar. Consideran que el sector español es altamente competitivo en la actividad militar, lo que garantizaba sin problema el futuro de Bazán, pero, a cambio, resulta imposible poder competir con los bajos costes que, en la construcción naval civil, aplican países como Corea del Sur o China. Tal es la situación que las plantas dedicadas a la actividad civil cuanto más trabajan más pierden, según afirma el Ejecutivo. Los sindicatos UGT, CC.OO. y FEM ya han pedido al comisario de la Competencia, Mario Monti, tiempo para afrontar el problema, y plantean al Gobierno que mantenga los centros de trabajo y los empleos. Industria y Trabajo, mientrastanto, se preparan para negociar. Plantearán a los representantes de los trabajadores las medidas que proponga la comisión interministerial, entre las que podrían planes de reindustrialización en zonas en las que se cierren factorías, así como la adopción de medidas compensatorias para los trabajadores que se vean afectados por los despidos. El Gobierno calcula que cada trabajador debería recibirá una media de 33.000 euros de indemnización, lo que hace muy costoso el recorte de la plantilla. Mientras tanto, el PP ha presentado en el Congreso una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a recurrir ante la Comisión Europea los expedientes sobre las ayudas.