Los ayuntamientos solicitan más suelo para viviendas públicas

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), Francisco Vázquez, explicó ayer que ha propuesto a la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, que el Gobierno vuelva a subir al 15% los aprovechamientos urbanísticos (los terrenos que un promotor debe ceder al Ayuntamiento para poder construir). A cambio, las corporaciones locales se comprometerían a dedicar ese 5% de incremento de suelo que reciban (ahora está en el 10%) a construir viviendas de promoción pública. Los aprovechamientos urbanísticos eran del 15% hasta que el Gobierno del PP los redujo en 1996 al 10% y, hasta ahora, debían dedicarse, por ley, a servicios dotacionales que supusieran un incremento del patrimonio municipal. El alcalde coruñés no desaprovecha ninguna baza para negociar mejoras que afecten a los ayuntamientos y no dudó en recordar a la ministra que se han comprometido a construir 180.000 viviendas y que sin la ayuda de los municipios será difícil que lo consigan. Vázquez, que mantendrá en las próximas semanas una nueva reunión con Trujillo, aseguró que los ayuntamientos podrían dedicar a viviendas protegidas no sólo el 5% de incremento de los aprovechamientos urbanísticos, sino parte del 10% que ya tienen ahora si así lo consideran oportuno. Reunión con Solbes Los ayuntamientos quieren participar en todos los impuestos estatales, con el fin paliar el «colapso» financiero que en muchos casos dicen sufrir. Ésta fue una de las principales peticiones que le trasladó el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), Francisco Vázquez, al ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, al que también solicitó que el Gobierno no inicie la reforma del sistema de financiación autonómica hasta resolver «antes» la situación de las administraciones locales. La otra gran demanda que realizó el nuevo responsable de la Femp responde a las consecuencias de la eliminación del impuesto de actividades económicas (IAE) para el 92% de las empresas, que entró en vigor el 1 de enero del 2003. El Ejecutivo anterior se comprometió a que ningún ayuntamiento perdiera ingresos por esa modificación, y para ello preveía compensarles con 600 millones de euros, cantidad que se les dio a cuenta el año pasado. Sin embargo, ahora «no salen los números» y muchos dicen haber perdido más con el cambio. Según las cuentas que la Federación presentó ante el Ministerio de Economía, el déficit acumulado por esa cuestión alcanza ya los 245 millones de euros, más de una tercera parte de los cuales corresponden a los municipios catalanes. El Gobierno del PP pensaba realizar la liquidación de las cuentas de cada consistorio a partir del pasado 1 de enero, a fin de comprobar en qué casos faltó dinero respecto a los ingresos obtenidos por el IAE en el ejercicio del 2000, y en cuales pudo sobrar. Nueva compensación Vázquez resaltó el retraso de cinco meses que acumula ese proceso de liquidación, al tiempo que reclamó la aprobación de un nuevo método de compensación para el quinquenio 2004-2009. Aparte de resolver el problema del IAE, la Federación se mostró dispuesta a que sus miembros ejerzan la «corresponsabilidad fiscal». «Los Ayuntamientos queremos participar en la cesta de todos los impuestos», dijo su presidente, con un sistema similar al que se sigue en Europa, de forma que haya tres tramos de ingresos: uno local, otro autonómico y el del Estado.