El Gobierno aprueba destinar 3.700 millones más a la Seguridad Social

El fondo encargado de garantizar el pago de las pensiones públicas de la Seguridad Social recibirá en breve una nueva dotación de 3.700 millones de euros, según aprobó ayer el Consejo de Ministros. Así, el total de las reservas alcanzará este año 18.900 millones de euros sin contar los rendimientos generados hasta el 31 de diciembre, cuantía que supone más de cuatro mensualidades de la nómina de pensiones. Según destacó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, esta aportación es la «mayor que se ha realizado nunca» a la llamada hucha de las pensiones y con ello, el Ejecutivo «quiere mostrar su sensibilidad hacia los pensionistas». La dotación autorizada, segunda que se produce en el presente ejercicio fue anunciada por el titular de Trabajo y Asuntos Sociales el pasado día 26 de mayo con cargo al superávit de la Seguridad Social. El ministro subrayó, en su día, que se trata del ingreso más importante desde la constitución del fondo en el año 2000. Sus intereses adicionales mínimos supondrán 40,53 millones de euros durante el 2004. El pasado 30 de septiembre del 2003, el Boletín Oficial del Estado publicó la Ley Reguladora del Fondo de Reserva con los mecanismos de control y rendición de resultados. En resumen, su texto recogía que prioritariamente el superávit de la Seguridad Social iría al Fondo siempre que las posibilidades económicas y la situación financiera del sistema lo permitieran. La norma también estableció las comisiones que actúan en los distintos ámbitos de gestión. Griñán y Aparicio La necesidad de crear un montante de reserva para atenuar los efectos de los ciclos económicos bajos y garantizar el equilibrio financiero del sistema de pensiones fue una de las recomendaciones del Pacto de Toledo. Este acuerdo fue suscrito por las fuerzas políticas en 1995 y sirvió de base para las posteriores reformas de la Seguridad Social. En su firma fueron decisivas las actitudes del entonces diputado popular, Juan Carlos Aparicio, y del ministro socialista de aquella época, José Antonio Griñán, que por primera vez en mucho tiempo permitieron un gran pacto parlamentario. El pasado 17 de diciembre, el Congreso aprobó por inmensa mayoría y tras tres años de negociaciones la renovación del acuerdo alcanzado en Toledo. Los grupos que apostaron por el consenso fueron PP, PSOE, CiU, PNV, CC y PA, mientras que IU se abstuvo, postura a la que se sumó ERC, y el BNG se posicionó en contra.