El Gobierno flexibilizará el déficit cero en momentos de debilidad económica

El Gobierno socialista dio ayer en el Congreso el primer paso para sacar adelante las cuentas del 2005, que se saldarán con un superávit presupuestario de todas las administraciones públicas equivalente a una décima del Producto Interior Bruto y en las que el gasto del Estado se elevará un máximo del 6,2%. De cara al próximo año, las comunidades autónomas tendrán mayor autonomía financiera, y el objetivo a conseguir para el conjunto será el equilibrio de las cuentas a lo largo del ciclo económico. Es decir, que los gastos no superen a los ingresos en años de bonanza y sólo afloren números rojos en situaciones de crisis. En épocas de crecimiento próximo al 3%, como las actuales, la propuesta será de equilibrio o ligero superávit. El pacto alcanzado con parte de los nacionalistas y fuerzas políticas de la izquierda para emprender la reforma de la ley de Estabilidad Presupuestaria -un texto que el propio PSOE recurrió en su día-, hizo posible que se aprobaran en el pleno de la cámara el objetivo de estabilidad, así como el techo de gasto del próximo año, que será de 121.537 millones de euros, con los votos del PSOE, de ERC y CC, y la abstención del PNV, de Izquierda Verde-IU y del grupo mixto. Convergencia i Unió, que se pronunció en contra, al igual que el PP, advirtió al Gobierno que el cambio del sentido de su voto será clave si quiere que la iniciativa sea aprobada en el Senado. Para concederlo, demanda un más profundo reconocimiento de la soberanía financiera de las comunidades autónomas, propone cambiar el objetivo de superávit por el de equilibrio e insta la puesta en marcha de una iniciativa por el crecimiento para, entre otras cosas, evitar la deslocalización de empresas. Solbes explicó que había llevado al Parlamento estas propuestas porque la ley vigente, que lleva la impronta del PP, impone la presentación de este marco presupuestario en el primer cuatrimestre del año. Antes de cambiar la ley por decreto, y dada su relevancia -dijo-, había optado por adaptarse a ella, para reformarla pausadamente y por consenso. Así se dio la paradoja de que el grupo parlamentario popular, tras intentar, sin éxito, poder pronunciarse por separado sobre el objetivo de estabilidad y el techo de gasto para el 2005, acabó por votar en contra de un escenario y de una proyección macroeconómica propuestos en su día por el Gobierno del PP. Los cambios Para conseguir el consenso necesario, el grupo socialista promovió, con el visto bueno del Ejecutivo, una proposición no de ley que suscribieron ERC, Izquierda Verde-IU, Coalición Canaria. Los socios y aliados del partido en el poder aceptaron «el trámite» ahora planteado en el Parlamento a cambio de que, para los ejercicios 2006 y sucesivos, la estabilidad presupuestaria se alcance por caminos distintos. En esencia, el consenso alcanzado con estas fuerzas políticas pasa por sustituir la imposición del rigor presupuestario por parte del Estado por la autodisciplina de las comunidades y ayuntamientos. Reconoce, además, la flexibilidad que permite el Pacto Europeo a los países de Unión, al admitir un déficit de las administraciones públicas equivalente al 3% del Producto Interior Bruto en situaciones de verdadera crisis. La clave del texto reside en la reforma del marco legal en el que se fijan los objetivos de déficit para las comunidades autónomas y corporaciones locales. En el futuro, estos objetivos se establecerán en negociación bilateral entre el Estado y cada autonomía, aunque será el Gobierno del estado el responsable de su compatibilidad con las cuentas conjuntas, «tomando en cuenta las necesidades financieras y el esfuerzo de cada comunidad».