El Gobierno retrasa el plan de choque de la vivienda hasta pactarlo con las comunidades autónomas
Propietarios de pisos de alquiler e inquilinos recibirán ayudas directas
Trujillo accede a subir el precio de los módulos de las viviendas de protección oficial
El Ministerio de Vivienda pretende que el Gobierno otorgue ayudas directas no sólo a los inquilinos sino también a los propietarios de las casas en alquiler. Además, prevé elevar el precio de los módulos de las viviendas protegidas para hacerlas más atractivas a constructores y promotores. El plan de choque, que la ministra María Antonia Trujillo preveía sacar adelante esta semana, tendrá que esperar para ser una realidad. Trujillo explicó ayer que su aprobación estará dividida en dos Consejos de Ministros: uno en el que el Ejecutivo dé su consentimiento a un «acuerdo político» al respecto y otro en el que acuerden diversas modificaciones legislativas. El primero, añadió, podría ser el de este mismo viernes, aunque para el segundo será necesario el consenso de las comunidades autónomas a través de una conferencia sectorial, con el consiguiente retraso. En un intento de «promover la cultura del alquiler en España», el plan de choque contemplará, entre otras medidas, ayudas directas tanto para los inquilinos como para los propietarios de los pisos que se pongan en alquiler. Aunque la ministra no aclaró la forma de favorecer a los arrendadores -que seguirán contando con las desgravaciones fiscales sobre el 50% de los ingresos derivados del alquiler- una de las fórmulas que se estudian, aclararon fuentes de Vivienda, pasa por compensar a quienes pongan su casa a disposición de la futura Agencia Pública del Alquiler. Sin embargo, las mismas fuentes reconocen que la constitución de la agencia, una de las piezas básicas del plan, podría retrasarse hasta el último trimestre del año. Las medidas urgentes que pretende aprobar el Ministerio pasan también por incrementar hasta 180.000 las 110.000 actuaciones anuales en materia de vivienda que contempla el actual plan 2002-2005, elaborado por el anterior Gobierno. Trujillo, que participaba en un foro económico organizado por el diario Cinco Días , la consultora Accenture y Banco de Madrid, descartó un cambio en los plazos de la Ley de Arrendamientos Urbanos, aunque sí se mostró partidaria de la modificación de la Ley del Régimen del Suelo y Valoraciones para evitar retenciones especulativas del suelo y tratar de impedir la anticipación de plusvalías. Entre los planes de Trujillo también está el desistimiento de los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno del PP contra las leyes del suelo de las comunidades socialistas y la consecución de un gran pacto con las autonomías que permita destinar una reserva mínima para VPO en los nuevos desarrollos residenciales. Al plan de choque, añadió Trujillo, seguirá un nuevo Plan General de Vivienda y Suelo 2005-2008, centrado entre otras cosas en la calidad de la construcción y la consecución del objetivo de la «neutralidad fiscal entre la compra y el alquiler». Además, dijo, la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) -centrada hoy día en la promoción y desarrollo de suelo industrial- pasará a jugar un papel protagonista en el sector residencial. Consenso Al necesario acuerdo entre Ministerios -Vivienda pretende que otros departamentos como Defensa y Fomento cedan parte de su suelo para la construcción de casas de protección oficial-, se añade la imprescindible colaboración de los gobiernos autonómicos, que detentan muchas de las competencias sobre la materia. La ministra María Antonia Trujillo advirtió que alguno de los puntos esenciales del programa de medidas urgentes requiere mayores niveles de consenso y participación por parte de las autonomías y sectores implicados. Entre estos aspectos está el incremento del precio del módulo básico de las viviendas de protección, que tratará el Ministerio a la mayor brevedad. «El mes de julio va a dar mucho de sí», comentó la ministra Trujillo.