El Gobierno estudia subir un 3,5% el sueldo de los funcionarios

Los 2,3 millones de empleados públicos que hay en España podrían ver mejoradas sus retribuciones un 3,5% el año que viene. Así consta en una propuesta que el Ministerio de Administraciones Públicas ha enviado ya a los sindicatos y que empezará a negociar ahora con Economía. El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, negó ayer que el Ejecutivo haya decidido subir el salario de los funcionarios el 3,5 % el año que viene. Fuentes del Ministerio de Economía indicaron que el aumento salarial de los empleados públicos, que debe incluirse en los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene, todavía no se ha fijado y subrayaron que ni siquiera se ha discutido el asunto en la Mesa General de la Función Pública que, previsiblemente, no se reunirá hasta septiembre. Otras fuentes, sin embargo, revelaron que ambos ministerios tendrán que acordar un incremento para resarcir a los funcionarios de la pérdida de poder adquisitivo, tal y como prometió Zapatero en la campaña y como pretende el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla. Evolución Esta subida sería algo superior a las aprobadas en los dos últimos ejercicios presupuestarios, los del 2003 y del 2004, años en los que el Gobierno central del PP fijó alzas del 3,2%. Este incremento se produjo tras cinco ejercicios consecutivos en los que se aplicó la subida del IPC previsto, en lugar de incrementar los salarios con la inflación real. Esto sucedió entre 1998 y el 2002. Pero en 1997, el Gobierno de Aznar aprobó una congelación salarial, que luego fue anulada por una sentencia de la Audiencia Nacional. En el plan que propone Jordi Sevilla consta que el 3,5% de incremento se estructuraría así: un 2% correspondería a la inflación prevista, un 0,5% al fondo de pensiones y un 0,7% ligado a la productividad. Todo esto ya lo había aprobado el anterior ministro del PP, Javier Arenas. Pero Administraciones Públicas quiere ahora añadir un 0,3% más como compensación a la pérdida de poder adqusitivo que sufrieron los funcionarios entre los años de 1996 y el año 2002.