La Junta creará en octubre un consejo de defensa del contribuyente

??? El Consejo Regional de Defensa del Contribuyentes, un órgano colegiado dirigido a mejorar la calidad de los servicios al ciudadano de la Administración Tributaria y la seguridad jurídica de los mismos, iniciará su actividad a partir del próximo mes de octubre. Así lo manifestó esta semana la consejera de Hacienda del Gobierno autonómico, Pilar del Olmo, quien presentó el borrador del proyecto de decreto por el que se creará este órgano a representantes de los colegios profesionales relacionados con la materia y de las universidades de la comunidad autónoma. Cauce para las quejas Del Olmo explicó que el objetivo es crear un «cauce reglado» para que las autoridades tributarias de la comunidad puedan recibir las quejas y sugerencias de los ciudadanos en esta materia. La consejera indicó que quieren «conocer de primera mano» los problemas que tiene el contribuyente y sus sugerencias para mejorar la atención que le prestan los servicios tributarios de Castilla y León. En este sentido, precisó que los ciudadanos podrán presentar sus reclamaciones, quejas o sugerencias a través de formularios, correo, fax o Internet en cualquiera de los servicios territoriales de Hacienda, en la sede central de la Consejería, o en las 55 oficinas liquidadoras de distrito hipotecario de los registros de la propiedad de la comunidad. Contestación en un mes Una vez presentadas, las quejas o sugerencias de los contribuyentes se remitirán a una unidad tramitadora central, situada en la sede de la Consejería de Hacienda, que elevará al Consejo los documentos con los que elaborará propuestas e informes y una memoria anual. Del Olmo también concretó que tras la presentación de la queja o la sugerencias, los ciudadanos recibirán la oportuna contestación en el plazo de un mes, en la que se le explicará las medidas adoptadas. Por lo que se refiere a la composición del Consejo, cuyos informes no serán vinculantes, estará integrado por un mínimo de ocho vocales, el 50 por ciento procedentes de la Administración, y otros tantos, también nombrados por la titular de Hacienda, entre las personas de reconocido prestigio en el ámbito tributario. El presidente será elegido, a propuesta del Consejo, de entre los miembros que lo componen por un plazo de cuatro años.