Diario de León

El Instituto Nacional de Empleo gestionó sólo el 16,6% de las colocaciones entre 1996 y el 2003

El Inem y las autonomías están descoordinadas, según las cajas

La falta de cooperación limita la eficacia de las políticas laborales, en opinión de Funcas

Funcas subraya que los demandantes desconfían del Inem

Funcas subraya que los demandantes desconfían del Inem

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efe | madrid

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La eficacia de las políticas activas del mercado de trabajo está limitada por la «descoordinación» entre el Instituto Nacional de Empleo (Inem) y los servicios de empleo de las comunidades autónomas, así como por la actual estructura y funcionamiento del Servicio Público de Empleo (SPE), según un estudio un estudio realizado por la Fundación de Funcas. Así, la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) considera que la integración de las funciones del Servicio Público de Empleo es «más teórica que real». Esta situación, unida a la desconfianza de los demandantes de empleo y de los empresarios hacia el Inem como intermediario eficaz en el mercado de trabajo, explica los «pobres resultados» de este organismo como agente de colocación. En este sentido, Funcas recuerda que, en el periodo 1996-2003 el Inem sólo gestionó el 16,6 por ciento de las colocaciones en el mercado de trabajo. Para las Cajas de Ahorros, la falta de coordinación existente entre las propias oficinas del Inem y entre éstas y los servicios de empleo de todas las comunidades autónomas dificulta que la información sobre ofertas y demandas de empleo circule de forma fluida por todo el país. Según el informe, hasta la reforma del Servicio Público de Empleo que tuvo lugar en 1994, éste se caracterizaba por la obligatoriedad de trabajadores y empresarios de acudir al Inem en busca de demanda de empleos y empleados respectivamente. también recuerda que la reforma de este servicio en España se ha dado en dos sentidos: la ruptura del monopolio del Inem en la colocación y el proceso de descentralización hacia las comunidades autónomas. Así, en la actualidad, el Servicio Público de Empleo se compone del Inem, que mantiene la gestión de la protección por desempleo, y de los Servicios Públicos de las comunidades autónomas, que gestionan las políticas activas sobre las que tienen competencia. El objetivo de esta reforma era lograr una actuación integrada entre la Administración central, la autonómica y la local para asegurar la coordinación y cooperación entre ellas con el fin de garantizar la consecución de un sistema de información nacional gestionado por el Inem.

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