Las comunidades podrán subir los impuestos del tabaco y el alcohol

El Ministerio de Hacienda está ultimando una de sus grandes propuestas para el nuevo modelo de financiación autonómica, y que consiste en que las comunidades puedan tener capacidad normativa para subir los impuestos especiales del alcohol y el tabaco. Actualmente, las regiones disfrutan de la cesión de un 40% de los ingresos que cada año recauda el Estado por ambos tributos, lo que supone para las haciendas autonómicas más de 2.500 millones de euros por ejercicio. Pero el Gobierno central pretende que estas administraciones puedan disponer de la atribución de aplicar recargos en ambos impuestos. Desde Hacienda han reconocido a este periódico que el plan ya ha sido enviado a todas las comunidades. La Consellería de Economía, de momento, ha declinado hacer ninguna valoración de la iniciativa, «al tratarse sólo de una propuesta». Las razones Con una misma medida, el Gobierno central pretende así resolver varios problemas: primero, que las autonomías puedan hacer frente al mayor gasto sanitario, porque los recargos que apliquen en los impuestos especiales irían a parar directamente a sus arcas. Y en segundo lugar, el Ejecutivo busca satisfacer la demanda de la Unión Europea, que insiste en que España debe elevar la fiscalidad de los productos considerados perjudiciales para la salud. Por ejemplo, el tipo impositivo del alcohol en este país es uno de los más bajos de Europa. La cartera que dirige Pedro Solbes es poco partidaria de traspasar nuevos impuestos a las autonomías, mientras que sí está dispuesta a poner en marcha nuevas medidas para que las comunidades puedan generar sus propios recursos. Hacienda considera que la propuesta de ceder a las regiones capacidad normativa para que incrementen los financiación. Esta propuesta ya cuenta con el visto bueno de algunas autonomías gobernadas por los socialistas. El Gobierno central considera que la iniciativa de ceder a las comunidades capacidad normativa sobre los impuestos del alcohol y el tabaco para financiar el incremento del gasto sanitario es una vía mucho más asequible que cobrar un euro por visita médica o por receta, un debate que se ha planteado ya en la comunidad autónoma de Cataluña.