El Gobierno estudia crear una ley de lucha contra el fraude fiscal
El Gobierno estudia crear una ley de lucha contra el fraude fiscal, con el fin de reforzar el plan que presentará en noviembre, dirigido a incrementar la persecución de quienes ocultan su patrimonio real a Hacienda. El director general de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, adelantó la posibilidad de incluir las medidas que se preparan -entre las que se encontraría un premio a las denuncias de fraude o la creación de una Policía Fiscal administrativa- dentro de un proyecto de ley, y no sólo como un Real Decreto del Ministerio de Economía y Hacienda. Entre las actuaciones que prepara Hacienda se encontraría una reorganización operativa de la Agencia, que conllevaría a su vez una serie de medidas retributivas dirigidas a todos sus funcionarios. La idea que maneja el Ministerio es contemplar esas subidas salariales como incentivos a la lucha contra el fraude, ligados además al cumplimiento de un plan concreto de objetivos. Por su parte, los inspectores de Hacienda agradecieron esta iniciativa, pero son escépticos sobre su eficacia real, sobre todo ante la falta de medios, tanto humanos como materiales y tecnológicos, situación que padecen desde hace años. Así, el director de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda (Apife), Ignacio Fadón, advirtió que a pesar del buen tono de la intervención de Pedroche, «no despeja las incógnitas que seguimos teniendo los inspectores de hacienda sobre cómo se van a llevar en el día a día todos estos cambios» ni aclara qué efectos tendrá en el procedimiento inspector, «que soporta grandes deficiencias». Entre las peticiones de los inspectores destaca el aumento de las ofertas de empleo en la Agencia, así como la necesidad de incorporar más medios materiales y tecnológicos, objetivo en el que coincidió Pedroche al reconocer que «están en unos niveles muy bajos y necesitamos herramientas más sofisticadas». Además, Fadón reclamó que si finalmente se crea una ley de medidas de lucha contra el fraude, ésta debería contemplar la creación de un estatuto orgánico de la Agencia, exigencia que mantienen desde hace años.