León se queda fuera del plan de la Ceoe para desarrollar infraestructuras

León ha quedado fuera del macroplan de infraestructuras presentado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (Ceoe) al Gobierno financiar prácticamente al 50% un programa de infraestructuras por un montante total de 45.350 millones de euros en un plazo de hasta 40 años, a contar a partir de 2008. La propuesta contempla desde carreteras y autopistas de peaje hasta una línea férrea para el transporte de mercancías entre Algeciras y la frontera catalana con Francia o desaladoras e instalaciones de gestión del agua entre el 2005 y el 2012 por un importe de 23.350 millones de euros de los que 21.850 correrían a cargo de la financiación privada, a los que habría que sumar 1.000 millones de Bruselas. El objetivo de esta invitación, dijo este martes el presidente de Ceoe, José María Cuevas, es «mantener la competitividad ante la desaparición de los fondos europeos desde el año 2007». Cuevas se mostró confiado en que la Administración dé el visto bueno a su invitación y la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, incluya las obras en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (Peit), que pretende presentar -dijo- el próximo 23 de diciembre. La Ceoe cifra en 20.000 millones de euros la caída de la inversión en infraestructuras a partir del 2007, cuando los fondos europeos de cohesión desaparezcan y los fondos regionales queden significativamente reducidos. Esto, aseguró Cuevas, generaría una pérdida de empleo de 100.000 puestos de trabajo, una reducción anual del Producto Interior Bruto (PIB) del 0,5% y una «desaceleración del proceso de convergencia con Europa». La primera se refiere al desarrollo de carreteras de colaboración público-privada con una inversión de 7.000 millones, más una aportación anual del Estado de 700 millones durante los 20 años de concesión. En estas vías, las constructoras percibirían un canon de la Administración o de los usuarios para sufragar el gasto realizado. Contiene un programa de 910 kilómetros de autopistas de peaje «en sombra», que requerirá 4.500 millones de euros y una aportación del Estado de 200 millones anuales por un plazo de hasta 40 años.